Las abogadas de Ledo : "No hay margen, Milani debe ser indagado”

Delitos de lesa humanidad : Soldado Ledo desaparecido.
“No hay margen, Milani debe ser indagado”
Tres abogadas que representan a la familia Ledo anticiparon que solicitarán la prisión preventiva del jefe del Ejército Argentino Las letradas vinieron ayer a Tucumán para adherirse al planteo de la fiscalía federal, y solicitaron que se impute al teniente general

VISITA DE TRABAJO. Elisa Reinoso (izquierda), Viviana Reinoso (centro) y Mercado Luna (derecha) recorrieron casi 400 km para hacer su planteo. la gaceta / fOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO

Las tres abogadas de la familia de Alberto Agapito Ledo, el soldado riojano desaparecido durante la última dictadura militar, recorrieron los casi 400 kilómetros que separan a La Rioja de Tucumán con una misión clave: insistir ante el juez federal N° 1 Daniel Bejas para que, como pidió el fiscal federal Carlos Brito, se cite a indagatoria al actual jefe del Ejército Argentino y hombre de confianza de la Presidenta, el teniente general César Milani.

En diálogo con LA GACETA, las letradas Viviana y María Elisa Reinoso (son hermanas) y Adriana Mercado Luna agregaron que, más allá de la “urgente necesidad” de esa medida, correspondería que Milani sea detenido bajo el régimen de prisión preventiva. Según las abogadas, el militar está ejerciendo presiones mediante diferentes vías, utilizando tareas de inteligencia, y aseguraron que hasta recibieron amenazas a las que vinculan con el proceso legal contra el jefe del Ejército.

“Ya son pocas las cuestiones que le restan por resolver al juez. Está el pedido de recusación al fiscal Brito (de parte del defensor oficial de Milani, Adolfo Bertini) y de exclusión probatoria (de un sumario de deserción de Ledo). Luego es el turno del requerimiento fiscal para la citación e imputación. No hay margen, Milani debe ser indagado”, indicó Viviana Reinoso.

La charla se desarrolló en el lobby de un hotel céntrico. Allí, las abogadas detallaron que habían venido a Tucumán para interiorizarse sobre la causa “Ledo”, en la que se investiga la desaparición como un caso de delito de lesa humanidad. El joven soldado, de 20 años, fue uno de los 129 conscriptos que desaparecieron durante la dictadura. Era un estudiante riojano de Historia que fue trasladado a Tucumán y, según las versiones, era cercano a Milani. Desde junio de 1976, Ledo integra la lista de desaparecidos. Según testigos, el riojano habría salido a hacer un recorrido por Monteros junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti, jefe de la Compañía de Ingenieros de Construcciones, y nunca volvió a ser visto.

La semana pasada se supo que el fiscal federal Brito había solicitado al juez federal Bejas la indagatoria de Milani. Según fuentes judiciales, se sospecha que el militar escogido por Cristina Fernández para manejar el Ejército habría intervenido en el caso “Ledo” desde los supuestos roles de encubridor y de falsificador de documentos públicos

Viviana Reinoso manifestó que la familia de la víctima sigue con atención el proceso, y que vino a Tucumán junto a sus colegas para “formalizar un pedido para que el juez federal produzca el acto de indagatoria”. “Lo pedimos con carácter de urgente despacho, aun teniendo en cuenta que en la feria judicial las causas sobre derechos humanos continúan en trámite”, manifestó la letrada. Luego, explicó que Milani les hizo “sentir la presión” de tener que litigar con él. “Le dio la orden a su abogado defensor (Bertini) de que presentara una denuncia por intimidación de testigos, en contra de estas representantes de la querella. Lo que buscan es armar una causa para tratar de hacernos sentir el peso de su cargo, sobre todo en el manejo de la inteligencia”, detalló Viviana Reinoso.

En ese sentido, su hermana y colega, Elisa Reinoso, sostuvo que existe “una reiteración de la conducta procesal” de Milani, a la que consideró “dilatoria”, y remarcó que sus planteos se producen justamente poco antes de que surjan novedades en la causa. “Uno de los casos ya lo denunció el fiscal federal general Gustavo Gómez, quien durante una licencia del fiscal Brito intervino en este proceso. El primer día que recibió el expediente, el abogado Bertini presentó la recusación en contra de Gómez, quien luego fue denunciado ante la Procuración (General de la Nación) por supuestamente haber obstaculizado el proceso. A eso le sumemos la denuncia penal en contra de las representantes de la querella”, enunció la letrada riojana. Detalló que los familiares del soldado, Marcela y Graciela Ledo, denunciaron todos estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que están a la espera de una resolución por parte de ese organismo. “No está garantizado el derecho a la justicia, a la investigación y a la verdad”, agregó.

Elisa Reinoso sostuvo que, “cuando un fiscal con intenciones de investigar toma la causa, de inmediato (la defensa de Milani) plantea la recusación como maniobra para evitar la pesquisa”.

Mercado Luna describió otra supuesta “medida dilatoria”. “Bertini presentó recientemente un escrito solicitando que se excluya como prueba el sumario de deserción, con el argumento infantil de que no existen los originales. Es sabido que toda la documentación que daba cuenta del terrorismo de Estado fue incinerada. Sin embargo, en el expediente existe una copia certificada”, ejemplificó la letrada.

Las abogadas recordaron que, en 2013, la familia Ledo ya había denunciado amenazas. “Ya se ha pasado de la mera inteligencia a los actos concretos de intimidación, tanto para la familia de la víctima como para las representantes de la querella”, añadió Viviana Reinoso.

Relató luego que no han solicitado aún medidas porque consideran que “el cúmulo probatorio” en contra del jefe del Ejército ya consta en el expediente. “Estamos esperando la oportunidad para formalizar el pedido de prisión preventiva, en función del cargo que ocupa Milani, del poder que maneja y de la posibilidad de que siga obstaculizando el accionar de la Justicia”, explicó Viviana Reinoso. Y, coincidiendo con sus colegas, insistió: “lo que corresponde es que se fije la fecha para la indagatoria”.

Graciela Ledo y las denuncias contra Milani: “no hay juez ni fiscal que se anime a hacer lo que tiene que hacer”

(Foto La Bulla)
(Por La Retaguardia) Las causas por delitos de lesa humanidad que involucran al designado jefe del Ejército, César Milani, tanto en Tucumán como en La Rioja están prácticamente paralizadas. No se asignan los fiscales necesarios o directamente se les retiran los expedientes a quienes intentan avanzar. Además, las familias y los abogados querellantes reciben amedrentamientos y llamadas intimidatorias. “Sabemos a quién estamos enfrentando”, aseveró Graciela Ledo al programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Su hermano, Alberto, desapareció en Tucumán mientras hacía el servicio militar. Uno de sus superiores era Milani. Sumamos también las reflexiones de Víctor Basterra.

En total son cuatro las causas en las que está involucrado actualmente César Milani. Sin embargo, ninguna avanza: “en Tucumán, donde está radicada la causa de Alberto, le retiraron el expediente al fiscal subrogante. Estaba subrogando al doctor (Carlos) Brito, y aparentemente tenía intención de producir movimiento en el expediente, tal como se había pedido varias veces la indagatoria del General Milani, pero fue recusado por su defensa, le retiraron el expediente y al mismo tiempo nos enteramos de que Milani denunció penalmente a nuestras abogadas por supuesta intimidación a un testigo”, relató Graciela Ledo, hermana de Alberto Agapito, quien desapareció en 1976 mientras realizaba el servicio militar. En mayo de ese año había sido enviado en comisión desde La Rioja a Tucumán. En ese marco se produjo su desaparición. La única respuesta que recibió su familia fue que el joven había desertado. Uno de sus superiores en ese momento era César Milani

“Esto tiene que ver con una escalada de amedrentamientos y amenazas en la que las víctimas pasamos a ser victimarios; acá él usa y abusa de su fuerza y su poder, y pretende amedrentar a nuestras abogadas para que se retiren de la causa y nos dejen solas”, aseveró Ledo.
Respecto a sus letradas, María Elisa y Viviana Reynoso, Ledo las definió como muy valientes: “esta es la segunda embestida que sufre María Elisa, porque la primera fue cuando la dejaron fuera de la AFSCA (en abril de este año fue cesanteada en la delegación local del organismo que rige la radiodifusión) ella coordinaba la delegación de La Rioja, o sea que esta sería la segunda intimidación que sufre y nosotros hemos sufrido amenazas telefónicas el año pasado, en diciembre, o sea que no sabemos cuál va a ser la próxima, pero no van a poder, porque yo creo que gran parte de la sociedad nos acompaña y acompaña nuestros reclamos y la gente de bien va a estar con nosotros”.

La justicia bajo presión

Para Graciela Ledo estas amenazas y amedrentamientos hacen que la justicia argentina esté condicionada: “no hay juez ni fiscal que se anime a hacer lo que tiene que hacer; es decir están presionados, tienen miedo de perder su cargo, entonces no hacen lo que tienen que hacer. Ante esto, hace pocos días hemos hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hemos recibido la visita de José Schulman, que integra la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos ha traído varias expresiones de solidaridad de otros organismos, y su acompañamiento y solidaridad que nos hace mucha falta. Ya lo hemos dicho muchas veces, no hemos renunciado a nuestra búsqueda y a nuestro deseo de justicia en los peores años que fueron los de la dictadura, menos lo vamos a hacer ahora”.

¿La persona más poderosa del país?

“Nosotros sabemos que a quién estamos enfrentando es la persona quizás con más poder de la Argentina por su condición de jefe del Ejército y jefe de los servicios de inteligencia”, aseguró Ledo en relación a César Milani. “Todo lo que hace es como si nos leyera el pensamiento, las acciones que pensamos realizar, porque tiene aceitados todos los mecanismos –continuó– y creo que está un paso adelante en algunas cosas, no en el aspecto de haber comprado a todos los testigos, alcanzó a comprar uno, que es a quien hemos denunciado por falso testimonio, que es al que supuestamente las abogadas intimidaron, pero los demás testigos, compañeros, ex conscriptos, han dado sus testimonios y es invalorable y tienen todos los elementos que lo incriminan y por los que ya debió haber sido citado”.

Quedarse solas

Ledo además reconoció que la designación de César Milani y las denuncias en su contra es uno de los hechos que ha generado un quiebre profundo en los organismos de derechos humanos: “tanto es así que a mi madre, su sector de Madres de Plaza de Mayo al que perteneció durante más de treinta años, la dejó sola. Ella pertenecía a la línea de Hebe de Bonafini. Pero mi madre no ha terminado con su lucha aunque tenga 84 años, sigue muy firme en la lucha, pero la justicia de este país es muy dependiente, muy endeble y no se impone, tanto es así que tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana con nuestra denuncia. Es la segunda vez que denuncia mi mamá, la primera vez fue en el año 1978 durante el mundial cuando la comisión se hizo presente en Buenos Aires y eran épocas muy duras, y ahora tuvimos que intervenir por segunda vez ante la falta de justicia”.

Zorro Viejo

Así definió Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, a César Milani: “sabe cómo moverse, se ha movido a lo largo del tiempo casi invisibilizado como muchos otros, hasta que salta esta historia, o sea que sabe moverse en ese territorio de oscuridades e incluso de amenazas, y más ahora que es jefe del Ejército, hay muchos tipos que han pasado de esa forma, en otros tiempos, yo me acuerdo de varios marinos que pasaron por esas situaciones y que se movían también con intimidación , con la velada intimidación o a través de interpósitas personas como son las presiones sobre algunos defensores, algunos fiscales, distintas formas y metodologías de neutralización de las denuncias que se hacen, de los avances que se logran. Es previsible, esto lo van a tener que padecer, pero se van a encontrar los mecanismos fundamentalmente a través de la presencia y de la actitud que tengan los distintos luchadores sociales y organismos de derechos humanos para hacer valer la justicia”.
Al ser consultado acerca de por qué el gobierno actual que ha tenido desde sus inicios claras políticas de revisión de lo sucedido con los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, no solo designa a Milani como jefe del Ejército sino que mantiene su postura a pesar de las denuncias existentes en la justicia, Basterra reflexionó: “muchas veces lo atribuyo a las torpezas y a esa mirada de soberbia que envuelve a muchos de los componentes del gobierno. Torpezas porque esto hay que pensarlo en términos estratégicos y solamente han avanzando en lo táctico, y lo táctico les va siendo muy negativo porque se van a seguir cometiendo estos errores, de permitir que un tipo como Milani esté al frente- Además tiene denuncias muy antiguas, de 1979 y 1984, que no son recientes o una cuestión de oportunismo, esto viene de mucho antes. Estoy hay que reverlo sino se entra en un cono que uno podría llamarle complicidad con esta historia, y además muchas veces da lugar a la sospecha de la tan mentada reconciliación que nosotros no aceptamos bajo ningún aspecto”.

Dos Madres

Graciela Ledo habló con Oral y Público desde la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja, al finalizar la marcha que todas las semanas se realiza allí: “todos los jueves marchamos a las 21 porque acá la siesta es muy peligrosa por el sol y el calor –contó–. Son dos madres las que marchan, la señora Luisa de Toledo que tiene 89 años y mi mamá (Marcela Brizuela de Ledo) que tiene 84. Despacito dan una vuelta alrededor de la plaza. Con la compañía de amigos y del grupo de apoyo de Madres que siempre estamos juntos, dándonos fuerza, y Alfredo Olivera que es otra de las víctimas que tiene acá varias denuncias, una desde el año 1979. Y las otras dos desde el año ’84. En una denuncia el secuestro y tortura de su padre, y en otra su detención ilegal por parte de Milani”.

Las causas que Graciela Ledo menciona están asentadas en La Rioja pero no tienen fiscal. En total, Milani acumula cuatro causas que están inmóviles, al igual que la que se encuentra en Tucumán y en la que se investiga la desaparición de Alberto Ledo. En todas ellas, apenas se avanza un paso aparecen presentaciones de distinta índole de parte de los abogados del jefe del Ejército para volver a paralizarlas.
Mientras las dos Madres caminan, la justicia se queda quieta.

Nuevo juicio por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville

Los discípulos del obispo Angelelli

Comienza hoy el juicio al militar retirado Angel Ricardo Pezzetta. Por este hecho ya fueron condenados a perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera.

 Por Ailín Bullentini

El secuestro, las torturas y el asesinato de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que trabajaron como sacerdotes en el pueblo riojano de Chamical durante la última dictadura cívico-militar, volverán a partir de hoy a analizarse frente a la Justicia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja juzgará al militar retirado Angel Ricardo Pezzetta, imputado por la privación ilegítima de la libertad, tormentos aplicados y homicidio de los dos curas sucedidos en julio de 1976.

Pezzetta y Juan Carlos “Bruja” Romero habían quedado afuera del primer juicio que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2012 en torno de las muertes de Murias y Longueville, pero fueron procesados por esos hechos en marzo de 2013. En aquel debate, la Justicia consideró probados los hechos que culminaron en el asesinato de Murias y Longueville, el primer caso fatal en el amedrentamiento y persecución que sufrió el grupo de sacerdotes liderado por el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, desde meses antes del golpe militar. Estableció que un grupo de personas identificadas como policías fueron a buscarlos la noche del 18 de julio de 1976 a la casa de las Hermanas de San José, en Chamical, donde cenaban; que se los llevaron con la excusa de que debían declarar en la sede de la policía en la capital provincial; que, en realidad, los llevaron a la Base Aérea de Chamical, en donde los interrogaron con torturas; que luego los trasladaron, con los ojos vendados, hasta un terraplén cercano a la Ruta provincial 38, en donde los fusilaron, y que allí fueron abandonados.

Inmediatamente después de la muerte de “los curitas” vino la del catequista Wenceslao Pedernera y, unos días más tarde, la del propio Angelelli. Por todo aquello, los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera recibieron prisión perpetua.

La “Bruja” Romero falleció en septiembre de 2013 y, aunque estaba con prisión preventiva, esquivó la condena. Así, Pezzetta quedó como único imputado: se lo acusa de la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio de Murias y Longueville, todos delitos considerados de lesa humanidad. Desde su procesamiento, Pezzetta permanece detenido en Marcos Paz.

La base de la acusación contra Pezzetta es el lugar que ocupó en la cadena de mando militar. Al momento de los hechos, estaba a cargo de la sección de Inteligencia de la Base Aérea de Chamical, por donde pasaron Murias y Longueville. Estrella, que purga dos condenas a perpetua –la correspondiente al secuestro, torturas y muerte de los sacerdotes y la referida al homicidio de Angelelli—, era segundo jefe de esa base. Menéndez, también condenado en ambas causas, era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

“La posición de mando que ejercía Pezzetta implicaba per se que habría tenido dominio sobre una parte fundamental del aparato de poder y, en consecuencia, sobre los hechos a partir de las órdenes que retransmitían y cuyo cumplimiento era de su incumbencia vigilar”, surge del auto de elevación a juicio, emitido en marzo de este año en base a los requerimientos emitidos por la Fiscalía y las querellas, representadas por las secretarías de Derechos Humanos provincial y nacional, y la hermana de Murias, María Cristina. Según ese texto, Pezzetta ocupó una posición jerárquica dentro de la estructura militar que desarrolló los hechos investigados como parte de “objetivos” enmarcados en la “lucha contra la subversión” que, “entre otras formas, en La Rioja se expresó en la modalidad de persecución a individuos pertenecientes o vinculados con la Iglesia Católica”.

El TOF de La Rioja está compuesto por jueces subrogantes: José Asís y Mario Garzón provienen de Córdoba; Juan Carlos Reynaga, de Catamarca. En representación de las secretarías de Derechos Humanos trabajarán Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau. Por María Cristina Murias, querellarán Viviana y María Elisa Reinoso y Adriana Mercado Luna. El fiscal es Daniel Illanes.

Graciela Ledo: “Milani denunció a nuestras abogadas para amedrentarlas”

El titular del Ejército Argentino, César Milani, denunció a las abogadas de la familia del conscripto desaparecido Alberto “Agapito” Ledo. Así lo dio a conocer Graciela Ledo, hermana del soldado riojano, quien desapareció en Tucumán, durante la última dictadura militar.

Según Graciela Ledo, Milani busca “amedrentar” a las abogadas querellantes. “Está denunciando penalmente a las abogadas querellantes con una excusa rara, diciendo que se intimida a los testigos y eso no es cierto, es totalmente falso. Es un intento de amedrentamiento como ya lo hizo con nosotros por teléfono mediante su gente”, dijo a Radio MAS.

“Tenemos 38 años de lucha por conocer la verdad y no nos amedrentaron”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que el jefe del Ejército “denunció a las abogadas con el claro intento de hacerlas tener miedo. Milani usa su poder y toda la fuerza que tiene tanto como jefe del Ejército amparado por los tres poderes: el Ejecutivo que lo nombró, el Legislativo y el judicial”.

AdemáS indicó que hay otras tres causas en la Provincia, que no tienen fiscales, que son las de Olivera, Schaller y Matta.

“El lunes nuestras abogadas estuvieron en Tucumán y se enteraron que el fiscal de la causa pidió una semana de licencia y al subrogante, el juez le quitó el expediente”, acusó.

“Vamos a continuar pidiendo una vez más la indagatoria y esperaremos la respuesta del fiscal para continuar en nuestra lucha”, apuntó.

Además sostuvo que las cuatro causas que se encuentran en la Provincia contra el general, se encuentran estancadas. Mientras que la causa por la desaparición de su hermano se encuentra en la Fiscalía de Tucumán.
 

Por el asesinato del obispo Enrique Angelelli : ondenan a perpetua a Menéndez y Estrella

La Justicia los consideró “autores mediatos” del homicidio del obispo. De esta manera, se condena a los autores intelectuales, pero no se encuentra aún al autor material del hecho.

Publicado por Lucas Malfatti

Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron encontrados culpables y condenados a prisión perpetua por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli ocurrido el 4 de agosto de 1976.
En fallo unánime, el Tribunal Federal Penal con asiento en La Rioja ordenó además revocar la prisión domiciliaria de la que gozaban los acusados y alojarlos en el penal de la localidad de Bouwer en la provincia de Córdoba
El Tribunal Federal integrado por los magistrados Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Carlos Reynaga procedió ayer a la lectura de la sentencia del juicio al general Menéndez, quien era jefe del III Cuerpo de Ejército, y el comodoro Estrella, quien conducía en La Rioja a la Fuerza Aérea.
Los militares fueron acusados de autores mediatos del homicidio doblemente calificado de Monseñor Angelelli y por la tentativa de homicidio al ex sacerdote Arturo Pinto, que acompañaba al ex Jefe de la iglesia riojana en el momento del fatal desenlace sobre ruta 38 a la altura de Punta de los Llanos. Si bien el tribunal sólo leyó la parte dispositiva del fallo, Quiroga Uriburu informó que los detalles del mismo serán leídos el próximo viernes 12 de septiembre a las 9.30. La lectura de las sentencia fue acompañada por autoridades nacionales, provinciales, eclesiales y municipales entre ellos el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda, el vicegobernador Sergio Casas, el viceintendente capitalino Armando Molina, funcionarios del gabinete, el Obispo dioscesado Marcelo Daniel Colombo, el ex Obispo de La Rioja Roberto Rodríguez, el rector de la Universidad Nacional de La Rioja Fabián Calderón, y representantes de organizaciones de DDHH.
El Tribunal subrayó que el asesinato de Angelelli y el intento contra Pinto, “fueron consecuencia de una acción premeditada provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado” y, por lo tanto, consisten en “delitos de lesa humanidad imprescriptibles e inamnistiables”.
Tras ordenar el encarcelamiento de los condenados en la prisión de Bower, el TOF dispuso la realización de un inmediato y exhaustivo examen por parte de médicos forenses de la Justicia Federal de Córdoba, con control de partes, a fin de informar “si se encuentran en condiciones de permanecer alojados en tal establecimiento”.

Anulan una investigación sobre Milani.... ¿complicidad, impunidad...?

Una causa que empieza otra vez

El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena declaró nula la investigación realizada sobre el jefe del Ejército, César Milani, por el secuestro, detención y tormentos durante la dictadura de Pedro y Ramón Olivera, aunque dispuso que se inicie una nueva pesquisa. La decisión fue tomada por el magistrado luego de que el fiscal federal Horacio Salman pidiera el cierre de la causa, adhiriendo a los argumentos de la defensa de Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había denunciado al fiscal por mal desempeño.

Milani fue denunciado por el ex detenido Ramón Olivera de haber participado en un allanamiento en el que fue secuestrado su padre, torturado en el Batallón de Ingenieros 141, donde Milani estaba destinado con el grado de teniente. Además, el denunciante aseguró que Milani “estuvo presente y lo hostilizó durante un interrogatorio judicial en el que” él mismo intentó “infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”. Olivera realizó una primera denuncia ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1984 y ratificó sus dichos en el 2013 ante la Justicia.

La causa tuvo dos cambios de fiscales. Su titular, Darío Illanes, fue recusado por Milani y se excusó. Lo reemplazó la subrogante Marta Elena Kumah, que fue quien redactó el requerimiento de instrucción. En febrero de este año se hizo cargo Salman, que pidió la nulidad del requerimiento.

Al anular lo actuado, el juez sostuvo que el requerimiento de la fiscalía “se limitó a consignar que las actuaciones se iniciaron por la denuncia” de Olivera, sin describir “la acción u omisión ilícita que se debería atribuir” a Milani.

“Es decir, no se especificó cuál fue la conducta desplegada por el o los denunciados a partir de la cual pueda, o no, formulárseles reproche penal”, agregó el magistrado en su fallo. “Dicho de otro modo, el requerimiento fiscal de instrucción no determinó qué hecho llevó a cabo cada uno de los denunciados, circunstancia ésta que impide que los posibles sindicados puedan ejercer materialmente su defensa, pues se ven imposibilitados de refutar una hipótesis fáctica por el simple hecho de que ella no fue formulada por el Ministerio Público Fiscal.”

El juez apuntó que por esto “los eventuales imputados no sólo se ven privados de dar otra versión de los hechos, sino que también se ven impedidos de requerir el diligenciamiento de prueba que permita desvirtuar el hecho que se les atribuye”.

Tras conocerse la noticia, el denunciante Olivera declaró que le preocupa “quién va a investigar a partir de ahora”.

Al denunciar al fiscal Salman por mal desempeño, el CELS advirtió que el fiscal “no cumplió con su deber de sostener la acción pública” contra Milani ni “garantizar una investigación imparcial y eficaz”. El organismo de derechos humanos consideró “inadmisible” que “en su rol de fiscal, Salman obstaculice el acceso de las víctimas a la Justicia y colabore a través de maniobras procesales con la estrategia de la defensa para que Milani no sea llamado a indagatoria”.

Graciela Ledo criticó duramente a Estela de Carloto y Hebe de Bonafini por el apoyo a Milani

LA RIOJA.- Graciela Ledo sostuvo con dolor que “nosotros no vendemos la sangre de nuestros desaparecidos”, y criticó duramente a las titulares de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por el apoyo a César Milani.

Graciela Ledo, manifestó su postura en contra del apoyo brindado por las referentes de Madrs y Abuelas de Plaza de Mayo al General Milani, al decir que “la lucha de 38 años no la vamos a dejar en manos de un genocida".
 
En ese sentido, aseguró que "quienes seguimos y no vendimos la sangre de nuestros desaparecidos no estamos de acuerdo", y continuó entendiendo que “las Abuelas y Madres, bajaron sus banderas, nosotros no lo hicimos, ni lo haremos”.

"Falta mucho, vamos a seguir pidiendo y continuaremos con esta lucha que no la vamos a dejar", finalizó.

Juicio por la muerte de Angelelli
 
"Como madres de Plaza, grupos de apoyo y habiendo conocido la pastoral de Monseñor dimos nuestra opinión que los acusados que están no son todos, y faltan cómplices civiles e incluso eclesiásticos que hicieron silencio", dijo Ledo.
 
Entre esos civiles mencionó a "los cruzados de la Fe", a periodistas de diario El Sol que circulaba por ese entonces. La querella pidió que se continúe con la investigación respecto a los partícipes. De todos modos remarcó: "Menéndez y Estrella son los responsables máximos, los que dieron las órdenes".
 
Reafirmó que entre los cómplices se encontraba la jerarquía de la Iglesia. "Salvo dos o tres obispos, los demás callaron, sabiendo que Monseñor estaba siendo perseguido y amenazado".

El Vaticano aportó una prueba inédita del silencio de la curia argentina durante la dictadura

Cuando se callaron las Iglesias

Se trata de una carta del obispo Enrique Angelelli, escrita en julio del ’76, donde le informa al nuncio Pío Laghi las violaciones a los derechos humanos que sufría junto a sus compañeros. Fue presentada en el juicio por su asesinato.

 Por Ailín Bullentini

Después de casi 40 años, el Vaticano, a cargo del papa Francisco, aportó documentación inédita de violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina. Lo hizo a través del Obispado de La Rioja, que presentó las pruebas durante la primera parte de los alegatos en el juicio por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Los abogados querellantes en la causa calificaron de “histórica” esa audiencia realizada el viernes 13 de junio, cuando se incorporó la carta y el informe en el que el propio Angelelli denunció la persecución que sufrían él y sus compañeros en la misión cristiana por parte del Ejército y la policía. “Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército”, alerta en su escrito Angelelli, entre descripciones sobre las cárceles provinciales “repletas de detenidos por el solo delito de ser miembros fieles y conscientes de la Iglesia” y la denuncia de torturas a un párroco de la zona. Las cartas, originalmente destinadas al nuncio vaticano, entonces Pío Laghi, y fechadas en julio de 1976, habían llegado en copia a la institución más importante de la religión cristiana en la misma fecha.

“Sabíamos que las denuncias del monseñor habían llegado al Vaticano, pero hasta el momento no teníamos la certeza de la prueba documental”, evaluó la querella del Obispado riojano, quien insistió ante el papa Francisco para la entrega de la documentación y remarcó: “Lo que dicen los documentos se sabe y fue probado en el juicio, lo importante es que prueban que sus denuncias llegaron al Vaticano”. Las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial habían consultado a la Santa Sede, vía Cancillería y antes del comienzo del debate oral, por la existencia de cualquier tipo de documentación remitida por Angelelli. “Es positivo que el Vaticano haya aportado estas cartas, ya que prueban que Angelelli les comunicó lo que estaba pasando. Pero también valen porque prueban que Pío Laghi recibió la información, algo que siempre negó”, expresó Guillermo Díaz Martínez, quien junto a Bernardo Lobo Bugeau representa la querella de las secretarías públicas (ver aparte).
Documentos inéditos

La semana pasada, el Papa entregó al Obispado de La Rioja, a cargo de Marcelo Colombo, dos documentos: una carta y un informe titulado “Crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y Murias Carlos”, los curas de Chamical asesinados el 18 de julio de 1976. Los escritos habían sido remitidos ese mismo mes de aquel año a Laghi, quien entonces estaba a cargo de la Nunciatura apostólica en Argentina –representante de la Santa Sede–. Las querellas consultadas creen que los documentos llegaron al Vaticano porque Angelelli se preocupó por enviar copias debido a que “desconfiaba de la inacción del nuncio”, mencionó la abogada que representa la querella del Obispado riojano en el juicio, Mirtha Sánchez.

La desconfianza fue acertada. La representante legal aseguró que el Obispado tiene la certeza, debido a documentos archivados en la propia institución, de que Angelelli mantuvo diálogo con Laghi. En el expediente de la causa figuran algunos intercambios epistolares en los que Angelelli le cuenta al entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Zazpe, de su diálogo escrito con Laghi. La carta aportada de manera inédita por el Vaticano refiere a un envío epistolar previo entre ellos. Laghi, sin embargo, negó históricamente saber de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. “La carta incorporada demuestra la mendacidad de Laghi, que tenía pleno conocimiento de las persecuciones a la diócesis de La Rioja, sus curas, laicos y obispo”, alegó Lobo Bugeau la tarde del 13 de junio, horas después de que el Obispado diera a conocer los documentos aportados por el Vaticano y solicitara su incorporación a la causa.

En el libro Nuestra Santa Madre, Laghi se presenta ante el grabador de la periodista Olga Wornat como un nimio ignorante: “¿Cómo iba a suponer que estaba tratando con monstruos capaces de arrojar personas desde los aviones y otras atrocidades semejantes? Se me acusa de delitos espantosos por omisión de ayuda y de denuncia, cuando mi único pecado era la ignorancia de lo que realmente sucedía”, se autoexculpa. Muchos familiares y amigos de desaparecidos durante la última dictadura aseguraron haber recibido silencio y maltratos de su parte cuando acudieron en su ayuda. Laghi falleció en 2009 en Roma. Impune.
Asunto “Costa”

“El motivo de esta carta es para ponerle en conocimiento de lo que pasa por aquí, para que esté informado debidamente”, introdujo Angelelli en el escrito que le envió a Laghi el 5 de julio de 1976. Lo primero que relata allí tiene que ver con “los Cruzados de la Fe de la Costa”, un grupo de terratenientes entre los que figuran Amado y César Menem (familiares del senador y ex presidente Carlos Menem) del departamento de Castrobarros, conocido en la provincia como la Costa riojana. Angelelli los acusó en la carta de haber “cambiado la cabeza de la familia” del padre Virgilio Ferreyra, por aquellos días recién fallecido, razón por la cual había decidido “no celebrar la misa” en su honor.

Para esa época, los Cruzados de la Fe contaban con una estructura de persecución hacia la diócesis de Angelelli ensamblada con el Ejército, la policía y los medios de comunicación: el diario El Sol era su órgano de difusión, a través del que difundían, bajo el nombre de Movimiento Católico Seglar de Formación y Apostolado de La Rioja, solicitadas en las que denigraban a Angelelli llamándolo “Satanelli”, “obispo rojo” u “obispo marxista”. Su odio al entonces obispo provincial había comenzado algunos años antes, durante el reinado de la Triple A. El hecho desencadenante había sido la disputa entre el religioso y aquel grupo por un predio de tierras muy ricas para el cultivo de vid que estaban deshabitadas y habían quedado sin dueño. “El grupo se las quiso apropiar, pero Angelelli las intentó retener para los pobres. No tuvo suerte”, apuntó Sánchez.
Situación general: persecución, represión y cárcel

En su carta, Angelelli también acusó al “jefe militar Osvaldo Battaglia” de haberle quitado la misa radial y ordenado que se realizara en el Casino de Oficiales por el capellán militar Felipe Pelanda López. “Sin haberme comunicado absolutamente”, denunció Angelelli en el texto en el que se quejó: “Este abuso y atropello es causal de escándalo”. La situación no terminaba allí. “Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército”, advirtió el entonces obispo riojano, quien, además, añadió: “Me aconsejan que se lo diga: nuevamente he sido amenazado de muerte”.

Las torturas que sufrió un sacerdote durante su detención fue otro suceso informado por Angelelli al nuncio apostólico en aquella carta de julio de 1976. “El sacerdote Eduardo Ruiz injustamente detenido fue obligado por los militares de La Rioja a escribir una carta a su obispo (o sea, él) desde la cárcel. Fue moralmente torturado para que la escribiera”, denunció el obispo. Por último, advirtió sobre “una realidad dolorosa”: “Nuestra cárcel está repleta de detenidos. Personas honorables, padres de familia, gente sencilla están dentro muchos de ellos por el solo ‘delito’ de ser miembros fieles y conscientes de la Iglesia”, apuntó y añadió que en el encierro “se tortura asquerosamente”.
El diálogo con Menéndez

Angelelli no sólo le mencionó a Laghi que mantuvo una “entrevista” con el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, sino que lo alertó sobre lo que había oído de boca misma del represor y máximo imputado por su muerte en el juicio que transita su fase definitoria, que quería ser un Cruzado de la Fe. “Señor nuncio, pensemos a tiempo todo esto para no tener que lamentar consecuencias dolorosas en un futuro muy próximo”, solicitó el monseñor riojano en aquella carta del 5 de julio de 1976.
Crónica de dos muertes

El otro documento aportado por el Vaticano es un informe en el que Angelelli detalló, día por día, lo que sucedió en torno del asesinato de los curitas de Chamical: que el 18 de julio de 1976 “dos individuos vestidos de civil” los fueron a buscar a la casa de dos religiosas, en Chamical, donde estaban cenando y los llevaron supuestamente a la ciudad capital; que el 19 de julio, las religiosas comunican la detención de los sacerdotes al Obispado, desde donde se hacen averiguaciones sin éxito; que al día siguiente “una cuadrilla de ferroviarios encuentra los cadáveres de ambos sacerdotes acribillados a balazos, maniatados y en estado lamentable”. Los papeles exhiben el sello de la Nunciatura Apostólica que certifican su recepción el 30 de julio.

“El hecho de la muerte de estos dos sacerdotes no está ajeno al contexto argentino y riojano que se vive”, advirtió Angelelli en el texto en el que citó dos artículos periodísticos publicados en el periódico El Sol “en contra de la diócesis” firmados por el Movimiento Seglar de Formación y Apostolado, los Cruzados. Según el monseñor, esos textos tenían relación con los asesinatos y también con la muerte de Pedernera, en Sañogasta: “El domingo 25 de julio varios individuos encapuchados asesinan en la puerta de su domicilio y frente a su familia a Wenceslao Pedernera”, resumió Angelelli, quien concluyó: “En este caso también deben tenerse en cuenta las notas del diario El Sol”.

Exdesaparecida denuncia que Milani encabezó su detención en La RIoja

En diálogo con Perfil, Verónica Matta relató que tenía 17 años cuando la detuvieron. Estuvo tres años presa. El contacto con Milani y Ledo.
 
"Sí, es él. Lo recuerdo más joven y un poco más flaquito, pero es Milani. Es el mismo rostro que guardo en mi memoria". Con estas palabras, y al ver la foto que ilustra esta nota, Verónica Matta reconoció al teniente general César Milanicomo el militar que comandó el operativo de su detención ilegal en La Rioja por el que permaneció tres años presa de la dictadura.
 
Matta se había acercado a la audiencia pública en el Congreso de la Nación convocada por el Frente de Izquierda en un nuevo aniversario de la desaparición del soldadoAlberto Ledo, crimen de lesa humanidad que involucraría al jefe del Ejército, y allí tomó la palabra y contó la historia de su detención. Por primera vez y en exclusiva paraPerfil.com, Matta explica por qué señala a Milani como el hombre que comandó su detención.
 
"Cuando vi a Milani por los últimos acontecimientos me dio un escozor, porque lo reconocí",cuenta Matta. "Empecé a leer que había estado en La Rioja, até cabos y saqué conclusiones. Había sido el militar joven que había llevado la voz cantante durante mi detención", agrega. La mujer tenía 17 años y era estudiante del Colegio Nacional Joaquín V. González, una tradicional institución educativa riojana. "Participaba como delegada en las actividades estudiantiles, teníamos programas de radio y una actividad social y política importante para nuestra juventud", explica.
 
"En esas circunstancias conocí a Alberto Ledo, que hoy está desaparecido.Compartíamos salidas, música, guitarreadas, que eran muy comunes en La Rioja", sostiene Matta. Cuando los militares tomaron el poder, el clima político en la provincia cambió. "Se vivía un clima muy particular desde antes del golpe. Con quienes nos reuníamos sabíamos que se venía algo pesado. Después del golpe empezaron a detener a muchas personas. Con mis amigos nos juntábamos, les llevábamos libros a los detenidos. Yo sabía que en algún momento iban a venir por mí", relata. El presentimiento de Verónica Matta se cumplió el 16 de julio de 1976, exactamente un mes después de la desaparición del conscripto Alberto Ledo.
 
"Esa noche yo ya estaba durmiendo, pero lo hacía con un solo ojo porque el clima era muy complicado, unos ruidos de autos me despertaron -recuerda-. Salí por el balcón y vi tres autos con muchos militares armados. Mi viejo subió a mi cuarto y me avisó que debía bajar, que me buscaban. Me vestí con bastante parsimonia mientras los militares esperaban en la sala. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con las armas. Mi viejo preocupado hablaba con ellos. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, muy puesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: 'No se preocupe, doctor'. Mi papá preguntaba: ‘¿Pero a dónde la llevan?’. ‘No le podemos decir, doctor’, le decía este militar jovencito. Mi viejo era abogado e hizo llamar a un vecino para que testifique que me estaban llevando, eran don Feiling, que murió. También recuerdo que le pidió al militar joven que firmara un papel y tengo el recuerdo de que lo firmó.Ese hombre para mí era Milani", asegura la mujer.
 
-"¿Qué pasó después?", pregunta Perfil.com.
-"'No te preocupes, en dos días estás en casa', me dijo mi viejo. Pero estuve casi tres años presa. Me subieron a un auto, el militar joven, que para mí es Milani, se fue en otro a seguir el raid. Esa noche detuvieron a varias otras personas. Fue como una ‘Noche de los lápices’ riojana. Me llevaron al Instituto de Rehabilitación Social, que fue un centro clandestino de detención en la provincia. Varios días después, en medio de un interrogatorio, se me subió la venda de los ojos, porque me mantenían vendada y atada cuando me llevaban a interrogar. Como se subió la venda, pude mirar y reconocí a este militar que había estado durante mi detención. Ese militar joven estaba dentro del centro clandestino de detención, en medio de los interrogatorios".
 
Matta fue legalizada por el juez Catalán, actualmente preso por delitos de lesa humanidad y que está acusado en el caso Ramón Olivera, por el que también se acusa a Milani. Su testimonio es el quinto que involucra a Milani en crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura. En la audiencia del Congreso convocada por el Frente de Izquierda también participó Graciela Ledo, hermana del conscripto desaparecido, que ayer mismo pidió mediante sus abogados querellantes la indagatoria como acusado del teniente general César Milani.
 
Perfil.com pudo conversar con la abogada María Elisa Reinoso, abogada de la familia Ledo, que presentó ante la justicia informes de inteligencia adscriptos a la causa que investiga el asesinato del soldado Roberto Villafañe, en los que se menciona a Ledo como "marxista trotskysta, perteneciente a la zona La Rioja del PRT-ERP y responsable del frente político del PRT-ERP en la Universidad Nacional de Tucumán, participante del intento de copamiento del R-17 Catamarca y de haber llevado la tarea de captación de soldados en la unidad".
 
Varios testigos señalaron que Milani hacía inteligencia entre los conscriptos y el actual jefe del ejército firmó el informe falso que señala que Ledo había desertado del ejército, cuando en realidad había sido desaparecido. El testimonio de Verónica Matta complica aún más la ya difícil situación del hombre elegido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para dirigir al ejército de la nación.

Caso Ledo: con nuevas pruebas, piden la indagatoria de Milani

Los crímenes de la dictadura La familia del soldado mostró un documento del ejército que lo señalaba como “subversivo”.
Presentación y reclamo. La mamá y la hermana del soldado Ledo, ayer en La Rioja, junto a ex presos políticos.

Al cumplirse 38 años de la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, su hermana Graciela y su mamá Marcela Brizuela de Ledo, Madre de Plaza de Mayo de La Rioja, pidieron a la justicia federal de Tucumán que cite a prestar declaración indagatoria al jefe del Ejército, general César Milani. para empujar el reclamo presentaron ante la fiscalía tucumana un documento redactado por la Inteligencia del Ejército, en el que se señala a Ledo como integrante de una “célula subversiva” y una persona de “extrema peligrosidad”: con estos papeles, respaldan su denuncia de que Milani no podía ser ajeno a la represión en La Rioja.

Las abogadas de los familiares del conscripto presentaron al fiscal Carlos Brito un escrito en el que piden que se cite a declarar a Milani, quien siendo subteniente firmó el acta de la supuesta deserción de Ledo, que a la postre resultó falsa.

“La causa está paralizada desde hace bastante tiempo y no vemos ánimo de profundizar la investigación, sino todo lo contrario”, señaló Graciela Ledo, quien ayer estivo acompañada por ex presos politicos durante la dictadura y por Rogelio De Leonardi, secretario de derechos humanos de la CTERA de Hugo Yasky. En rigor, el expediente no se movió más después que el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, procesara en agosto del año pasado al ex capitán Esteban Sanguinetti, por ser quien llevó a Ledo a la selva tucumana (ver “Un ‘desertor’...”).

Otro argumento para sostener el reclamo es precisamente que en aquel momento Sanguinetti le ordenó a Milani “que investigara exhaustivamente” la presunta deserción de Ledo.

Pero ahora la querella consiguió un documento “de la propia Inteligencia del Ejército”, datado en agosto de 1976 (Alberto había desaparecido en junio), que prueba que Milani, revistando en la sección Inteligencia del Batallón de La Rioja, no podía ignorar lo que estaba sucediendo, ya que Alberto era su asistente personal” dijo Graciela Ledo. para su mamá, el traslado del conscripto desde La Rioja a Tucumán “fue con el objetivo premeditado de matarlo o hacerlo desaparecer”.

El documento presentado ayer fue elaborado por la sección Inteligencia del Batallón 141 de Ingenieros, que entonces estaba en La Rioja. En él, el Ejército le endilga a Ledo integrar una “célula subversiva” y efectuar acciones junto al soldado Roberto Nicolás Villafañe y otros civiles. Villafañe fue asesinado el 30 de agosto de 1976. Por su muerte sólo fue condenado el cabo José Rodríguez.

El informe de los militares destaca además la presunta extrema peligrosidad de Ledo.

La querella plantea que Milani sabía esto. Graciela Ledo advirtió además que “detrás de la situación de Milani se esconde toda una camada de militares que participaron de la represión, aún siendo jóvenes como él, y que ahora buscan pasar inadvertidos y evitar la justicia. Pero nosotros no lo vamos a permitir”.

Las abogadas también apuntaron contra los civiles “que participaron de la represión y están quedando fuera de todo juicio”, y pusieron como ejemplo a los directores de la cárcel riojana, donde se torturó.

Un “desertor” a quien nadie buscaba

Mientras hacía la conscripción, el riojano Alberto Ledo estudiaba Historia. El 20 de Mayo de 1976, Día de La Rioja, fue trasladado a Monteros, Tucumán, junto a un grupo de soldados, para participar en el operativo antisubversivo Independencia.

En la noche del 17 de junio salió tres veces del campamento junto al capitán Sanguinetti, quien era responsable de las obras viales del batallón. Iban a “hacer una recorrida por la zona”. La última vez, Sanguinetti volvió solo: indicó a los otros conscriptos que junten las pertenencias de Ledo y ordenó al entonces teniente Milani que investigue la “deserción”del soldado y haga el acta respectiva.

El 4 de julio, Marcela la madre de Alberto, fue a Monteros a preguntar por su hijo, que había cumplido 20 años dos días antes. Para su sorpresa, en el campamento le informaron que había desertado. Pero nadie, ni de la policía ni del ejército, había ido a preguntar ni a buscarlo a su casa, cosa que debió haber ocurrido si la presunta deserción hubiese sido investigada “exhaustivamente”.

El jefe del Ejército ante lajusticia en La Rioja y en Tucumán

La verdad de la milanesa
La presión castrense produjo resultados opuestos. En La Rioja condicionó procedimientos irregulares de la fiscalía y la defensa oficial para buscar un cierre apresurado de la causa Olivera. Pero la Cámara Federal de Tucumán recomendó a la fiscalía en términos de inusitada dureza profundizar la investigación sobre la responsabilidad de Milani en la desaparición del conscripto Ledo. Presunción de inocencia y manipulación de la Justicia.

Por Horacio Verbitsky
La fuerte presión castrense para desligar al jefe del Ejército de las imputaciones por crímenes de lesa humanidad antes de la celebración institucional de la semana próxima produjo resultados opuestos en La Rioja y en Tucumán. En La Rioja, el fiscal se excusó y su reemplazante pidió el cierre de la causa en vez de instar la acción, como corresponde a su rol. Adhirió para ello a los argumentos de la defensa, que también llegaron al tribunal en forma irregular: fueron elaborados por el defensor privado de Milani pero firmados por el defensor oficial. En Tucumán, en cambio, la Cámara Federal recomendó al ministerio público investigar la participación de Milani y evaluó la desaparición forzosa de un conscripto, decisión inusual y de extrema gravedad que torna ineludible su declaración indagatoria. Ante la impugnación del CELS a su ascenso, el Poder Ejecutivo sostuvo que regía la presunción constitucional de inocencia y que la decisión quedaba en manos de la Justicia. Las anomalías producidas en la causa riojana relativizan la validez de ese criterio y los avances del expediente tucumano agravan la situación del militar.
Juego de roles
La función constitucional del ministerio público es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y la ley orgánica del ministerio público indica que los fiscales deben “promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos”. Sin embargo, el fiscal subrogante de La Rioja Michel Horacio Salman solicitó el sobreseimiento de Milani, en una asombrosa valoración prematura de la prueba. Para llegar a tan inusitado corolario pidió la nulidad del requerimiento de instrucción que había presentado su antecesora en la fiscalía, la subrogante Marta Elena Kumah, por el secuestro y las torturas a Pedro Adán y Ramón Alfredo Olivera. El titular de la fiscalía, Darío Illanes, fue recusado por Milani y decidió excusarse. En febrero de este año se hizo cargo Salman, quien era fiscal ante el Tribunal Oral riojano. Designado en 1994 por su relación con Eduardo Menem y Julio Nazareno, en 1999 integró la comitiva del procurador Nicolás Becerra en su visita a China. En 2012 se excusó de intervenir en el juicio por el asesinato de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, una vez que en su despacho apareció un informe de Inteligencia con un mapa de la provincia de La Rioja en el que se señalaba a una treintena de integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, a quienes se menciona como “curas rojos” y agentes “infiltrados” en “el catolicismo riojano”. La policía lo había entregado a la fiscalía en 2004, pero Salman no lo incorporó a la causa.
Los argumentos de Milani fueron elaborados por su defensor privado, el profesor de sociología del Holocausto Fernando Susini, tal como consignó el domingo pasado la edición impresa de este diario en una primicia nacional que ningún otro medio reprodujo. Susini era el defensor de Milani en la causa por enriquecimiento ilícito, pero un alto funcionario civil le indicó que se hiciera cargo también del expediente riojano. Sin embargo quien firmó y presentó el dictamen de Susini ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena fue el defensor oficial Eduardo Narbona. Susini sigue así las huellas del incomparable Máximo Rags to Riches Rosconi. En vez de cumplir con su deber de impulsar la investigación, el anfibio Salman tomó los argumentos de la defensa y pidió la nulidad del requerimiento, liberando de la investigación a Milani. La nulidad es un procedimiento excepcional que sólo se justifica cuando es manifiesto que no hay delito y cuando un fiscal actúa fuera de su jurisdicción y competencia. Aún así, en el ya célebre caso del fiscal José Campagnoli con Lázaro Báez la justicia no anuló sus actuaciones. No obstante la Procuración General lo suspendió y lo sometió a juicio político, el mismo camino que ahora deberá seguir con Salman.
Estos son los insostenibles argumentos del fiscal-defensor:
- Privación ilegítima de la libertad de Pedro Olivera: Milani no pudo ser su autor, porque su legajo dice que ese día estaba detenido dentro del Batallón.
La jurisprudencia rechaza que la responsabilidad de un imputado en crímenes de lesa humanidad se acredite sólo en base a prueba documental. Así lo establecieron el Tribunal Oral Federal 4 en la causa Vesubio y la sala II de la Cámara de Casación Penal en Esma II. La Casación restó valor al legajo del marino Juan Carlos Rolón para establecer cuándo dejó la ESMA, ya que hay testigos que lo vieron después de la fecha del legajo.
- Privación ilegítima de la libertad de su hijo Ramón Alfredo Olivera: Milani sólo actuaba como custodio cuando la policía trasladaba detenidos entre dos sedes legales: el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) y el juzgado federal, en el marco de la ley antisubversiva 20.840.
El juzgado federal 3 de Mar del Plata estableció en la causa contra la CNU que la vigencia de esa ley, promulgada en 1974 bajo un gobierno constitucional, “no implicaba necesariamente” la legalidad de los procedimientos. Por el contrario, la 20.840 sirvió como pantalla a quienes usurparon el poder para simular un proceso legal cuando en verdad incluía “detenciones ilegales en centros clandestinos, tratos vejatorios y aplicación de tormentos”. Es el mismo criterio que aplicó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la condena contra el ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa. En el informe de la Comisión riojana de Derechos Humanos y en diversas causas de esa provincia, confirmadas por la Cámara Federal de Córdoba, quedó establecido que a partir del golpe la cárcel legal que funcionaba en el IRS “se transformó en un centro de detención, torturas e interrogatorios” con picana eléctrica, submarino y golpes a prisioneros vendados. Tampoco la intervención del juzgado federal confería legalidad a los procedimientos. De hecho, su titular de entonces, Roberto Catalán, ante quien Milani condujo a Olivera, está detenido como partícipe secundario en privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, tormentos y homicidio. Aunque sólo se acreditara la participación en el traslado, Milani habría intervenido en un tramo de la comisión de un delito. Así lo abordó el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital y lo confirmó la sala IV de la Cámara de Casación, en la sentencia por la Masacre de Fátima. El policía Carlos Enrique Gallone fue condenado aunque no participó en el traslado y ejecución de los secuestrados, porque sí lo hizo en los de las víctimas, actos preparatorios que lo convirtieron en partícipe necesario de los treinta homicidios.

- La importancia de la prueba testimonial: Según Susini-Narbona-Salman los testigos del allanamiento que identificaron a Milani son familiares de las víctimas, lo que les resta verosimilitud. El fiscal-defensor sostiene que el reconocimiento de los Olivera es de importancia relativa ante los dichos de Milani y su legajo.
Este argumento contradice la jurisprudencia sentada ya en 1985 en el juicio a las juntas. La Cámara Federal que condenó a Videla sostuvo que la declaración testimonial es un medio privilegiado de prueba en delitos cuya forma de ejecución incluye el borrado de huellas, por lo que las víctimas de la represión clandestina son “testigos necesarios”. Otro tanto hizo la sala IV de la Cámara de Casación en noviembre pasado al confirmar la sentencia por el asesinato de Murias y Longueville. Como “los crímenes fueron cometidos por integrantes del Estado bajo su cobertura y amparo y se trató de borrar toda huella, la prueba testimonial adquiere singular importancia” para reconstruir lo sucedido. Lo mismo sostuvo el Tribunal Oral de San Martín en la causa Campo de Mayo, que además valoró la persistencia y estabilidad del testimonio. En el caso de Olivera, su primera denuncia contra Milani fue presentada en 1979 y reiterada en 1984 ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos y ahora.
- Nombrar o no nombrar: El dictamen fiscal valora que no haya otras denuncias contra Milani.
Con el mismo criterio el tribunal de la causa ESMA absolvió a Juan Carlos Rolón. Pero la sala II de la Cámara de Casación dijo que esa sentencia era un círculo vicioso, ya que descalifica los testimonios de quienes vieron a Rolón invocando a la mayoría de detenidos que no lo vio. Como ese razonamiento es falaz la Casación anuló la absolución y ordenó al tribunal de juicio un nuevo fallo contra Rolón.
- El interrogatorio que el fiscal no valoró: Desde su denuncia de 1979 por los apremios ilegales sufridos, Olivera reitera que Milani lo hostilizó durante su declaración en el juzgado. Sin embargo, el dictamen fiscal omitió la cuestión en su pronunciamiento. De este modo, los propios elementos de la defensa de Milani demuestran la necesidad de investigar y descalifican la solicitud de nulidad presentada por Salman.

La imputación
La decisión de la Cámara Federal de Tucumán (integrada por los civilistas Ernesto Clemente Wayar y Marina Cossio de Mercau y la penalista Graciela Fernández Vecino) se produjo al confirmar el procesamiento del coronel Esteban Sanguinetti por privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado del conscripto Alberto Agapito Ledo. El 17 de junio de 1976 a la una de la mañana el entonces capitán Sanguinetti, a cargo del vivac del Batallón 141 de Ingenieros en Construcciones de La Rioja, que se encontraba en comisión en Tucumán, sacó del campamento a Ledo, quien nunca reapareció. Cinco días después, Sanguinetti designó a Milani como instructor del sumario en el que se dio por demostrada la deserción de Ledo. Marcela Brizuela de Ledo acusó a Sanguinetti por la desaparición forzosa de su hijo y al conocerse el acta falsa de deserción extendió el cargo a Milani. En las conclusiones los camaristas consideraron “necesario recomendar al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación sobre otras responsabilidades por delitos cometidos en perjuicio de Alberto Agapito Ledo, consumados en la provincia de Tucumán”, para “determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se habría producido su muerte”. Mencionan las recientes declaraciones testimoniales de los hermanos Juan Carlos y Alvaro Raúl Illanes, “quienes dan cuenta de la posición jerárquica que habría detentado el entonces Subteniente César Milani”, a la fecha de los hechos y con relación a determinados conscriptos. Asimismo la prueba que surge de los autos “Milani, César s/falsificación de documentos públicos, Expte. NCFP7372/2013, acumulado en autos”, en la que varios soldados dicen haber visto en la unidad elementos que el instructor dijo que se había llevado Ledo.

Alvaro Raúl Illanes había sido compañero de Ledo en la Escuela Normal de La Rioja y en el servicio militar. En el Batallón 141 de Ingenieros conoció a los entonces subtenientes Milani y Molina. Al declarar en la causa, Illanes narró que por las tardes ambos subtenientes hablaban con los conscriptos y Milani les hacía preguntas a él y a Ledo “sobre su postura política”. El 24 de marzo de 1976, cuando ya había sido dado de baja del servicio, fue detenido. Dos veces vio a Milani, quien recorría celda por celda para ver a los detenidos, y una vez a Ledo, quien llegó a la cárcel como asistente de un sacerdote. Luego de la misa, le dijo que lo llevaban a Tucumán. Esa fue la última vez que lo vio. Juan Carlos Illanes, quien conocía a Ledo por su hermano Raúl Alvaro Illanes, “que participaba en política”, lo vio un par de veces en Monteros, Tucumán. Juan Carlos Illanes cumplía el servicio militar en el Regimiento Aerotransportado de Catamarca. En junio de 1976 también a él lo llevaron a Tucumán. En Concepción realizó rastrillajes de cañaverales y cuidó de “presos políticos”. Un grupo de oficiales lo llevó a Monteros como custodio. Al entrar a una escuela vio a Ledo, quien lo reconoció: “Vos sos hermano de Yopo”, le dijo. Illanes le contó que su hermano había sido detenido y que en Catamarca era asistente del subteniente Mujica. “Ledo le comentó que también era asistente de un subteniente de apellido Milani.” La recomendación de la Cámara a la fiscalía es una práctica excepcional y una crítica implícita a la pasividad del Ministerio Público y coloca a Milani a las puertas del procesamiento.

Un testigo del juicio por Angelelli puede complicar al general Milani

En el marco del juicio por el asesinato del obispo de La Rioja, el entonces jefe de un diario local aseguró haber identificado al militar en una sesión de torturas.
General Milani, más complicado por los testigos

El juicio en el que se investigan los hechos ocurridos en los primeros años de la última dictadura militar que culminaron con el asesinato del entonces obispo de la Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, en La Rioja, promovió una importante declaración que podría complicar aún más la situación del jefe del Estado Mayor, teniente general César Milani, cuestionado por su actuación bajo el régimen en varios episodios que lo tuvieron como protagonista en aquellos años, cuando era teniente y estaba destinado en esa zona del país.

Plutarco Schaller, por entonces jefe del diario cooperativista El Independiente, declaró el viernes: “Yo estaba internado en el hospital Presidente Plaza por las heridas de la tortura. Una noche se escucharon varios disparos y, posteriormente, entró una persona que violentamente me destapó de mis cobijas gritando ‘¿Está aquí todavía este hijo de puta?’. Bastante perturbado por la situación y sin saber bien qué estaba pasando, le pregunté al policía que me custodiaba sobre la identidad del visitante y este me contestó: ‘Es el tenientito Milani’”, señaló.

La denuncia del testigo lo ubica al actual jefe del Ejército en el lugar. En agosto de 1976, Angelelli regresaba a bordo de su camioneta en compañía del sacerdote Arturo Pinto, desde El Chamical, cuando ocurrió el misterioso accidente y la posterior muerte. Pinto sobrevivió y hoy es el principal testigo.

Nuevo testimonio de ex conscripto que vincula a Milani con la desaparición de Alberto Ledo

Un nuevo testimonio ante la Justicia, brindado por un ex soldado conscripto vinculó otra vez al teniente general César Milani con el soldado Alberto Agapito Ledo, desaparecido durante la última dictadura.

Se trata de Juan Carlos Illanes, quien hoy tiene 58 años y declaró ante los fiscales federales de Tucumán, Carlos Brito y de La Rioja, Dario Illanes, confirmando que estuvo con Ledo, en Tucumán, mientras ambos hacían el servicio militar y éste le dijo que “era asistente del entonces subteniente Milani”.

Illanes realizó el servicio militar en el Regimiento Aerotransportado de Catamarca y fue trasladado a Tucumán “el 1° de Mayo de 1976 y lo recuerdo bien porque era feriado y la situación era muy tensa” dijo a Clarín. Fue en el marco del Operativo Independencia dispuesto contra la guerrilla.

Junto con otros soldados fueron llevados a un ingenio en la localidad de Concepción de Tucumán, donde había carpas militares con detenidos. Unos días después fue hasta la escuela de la localidad de Monteros “y allí me encontré con Ledo, a quien conocía por haberlo visto un par de veces en La Rioja. El me reconoció y estuvimos hablando como una hora” mientras Illanes esperaba a los oficiales con los cuales había ido para regresar a Concepción.

Durante esa charla, Ledo le dijo que “era asistente del subteniente Milani, pero no me dijo que estuviese sospechando de algo en contra de él. Años después de haber salido del servicio militar, me enteré que estaba desaparecido”.

El testimonio de Illanes cobra importancia porque lo vio a Ledo pocos días antes de su desaparición, ya que Ledo fue trasladado a Tucumán el 20 de mayo de 1976 y desaparecido el 17 de junio siguiente. El Ejército lo declaró como “desertor” y el acta de deserción (falsa) fue firmada por Milani, quien siempre negó haber participado, ni siquiera conocer hechos represivos en aquel entonces.

En cambio, Juan Carlos Illanes cree “que Milani sabía todo, que se torturaba, que se mataba gente, porque los oficiales estaban permanentemente conectados”.

Illanes es hermano de Alvaro “Yopo” Illanes, otro ex conscripto quien fue el primero en señalar que Ledo era asistente de Milani.

Pero cuando Juan Carlos estaba haciendo el servicio militar “no tenía contacto con el Yopo porque ya estaba preso por ser de la JP. Yo me salvé de casualidad aunque tenía algo de militancia en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios peronista)”.

Juan Carlos también relató cómo se torturaba a los detenidos en aquellas carpas de Concepción, “mucho después caí en la cuenta que era un centro clandestino de detención” montado por los militares al margen de la ley.

Inclusive vio como una patrulla del Ejército tendió una emboscada a un grupo guerrillero en los cañaverales de Tucumán. “Acribillaron a una chica de nombre Paula, del ERP. Yo vi cuando la subieron a un camión y estaba irreconocible por los balazos que tenía”, recordó el ex conscripto al reconstruir el testimonio que dio a la Justicia.

Causa Angelelli: Repudian amenazas realizadas por un funcionario público al testigo Juan “Alilo” Ortiz

Los querellantes Marilé Coseano Angelelli, sobrina del obispo asesinado en La Rioja, y Luis Miguel Baronetto, por Centro Tiempo Latinoamericano (CTL), repudiaron la actitud intimidatoria del funcionario Marcelo Daniel del Moral, Ministro de Desarrollo Social de esa provincia, quien le dijo al testigo vía mensaje de texto: “no hablés de mi padre”.

Tras la audiencia realizada el viernes 21 de febrero, el testigo Juan Aurelio “Alilo” Ortiz, expuso ante el Tribunal la intimidación recibida en la pantalla de su celular.

-Tenía un concepto de Ud., de los muertos no se habla- decía el mensaje, hasta ese momento desconocido

- ¿Quién sos, a qué te referís?- preguntó Ortiz

-Soy Marcelo Daniel del Moral, no hablés de mi padre- respondió el actual Ministro de Desarrollo Social de La Rioja y ex Intendente del Departamento Castro Barros, en cuya jurisdicción se encuentran Aminga y Anillaco, lugares emblemáticos de la acción pastoral del obispo y de la furia de los dueños de la tierra.

El padre del funcionario, Fanor del Moral, participó precisamente de actos agresivos contra el religioso. En 1972, junto a otros terratenientes arremetieron violentamente -en Aminga- contra la casa de las religiosas de la Asunción y la sede de la cooperativa de trabajo CODETRAL; y en 1973, en Anillaco, apedrearon a Angelelli y sus feligreses. “La respuesta pastoral fue la sanción canónica a los instigadores de la agresión, entre los que se encontraba el padre del autor de las amenazas”, afirman.

Los querellantes habían advertido que la realización del juicio que investiga el asesinato de Enrique Angelelli tras 37 años de impunidad iba a ser “difícil y molesto especialmente para ciertos sectores que constituyen resabios del feudalismo riojano y aún ocupan importantes espacios de poder en las instituciones oficiales y privadas de la sociedad riojana. Lo repetimos ante el propio Tribunal cuando nos tocó testimoniar en el juicio a fines del año pasado”, manifiesta el texto.

Y agrega: “Desde la soberbia del poder feudal que sigue confiando en las redes de la impunidad, seguramente no será el único que se animará a intimidar a quienes van testimoniando en este juicio que pretende reparar una deuda histórica con la memoria riojana”.

Finalmente los querellantes de la familia y de CTL reclaman que el Tribunal tome las medidas correspondientes para asegurar la integridad de los testigos para que la “verdad salga a la luz”. Y le pide a los jueces que “sin que les tiemble la mano apliquen el rigor de la ley” para con los que quieren atrasar el reloj de una sociedad que hace treinta años eligió consolidar un camino democrático.

El juicio que comenzó el año pasado se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja integrado por los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón. Los imputados son Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella quienes deben responder por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y asociación ilícita agravada.