miércoles, 19 de noviembre de 2014

Nuevo juicio por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville


Los discípulos del obispo Angelelli

Comienza hoy el juicio al militar retirado Angel Ricardo Pezzetta. Por este hecho ya fueron condenados a perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera.

 Por Ailín Bullentini

El secuestro, las torturas y el asesinato de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que trabajaron como sacerdotes en el pueblo riojano de Chamical durante la última dictadura cívico-militar, volverán a partir de hoy a analizarse frente a la Justicia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja juzgará al militar retirado Angel Ricardo Pezzetta, imputado por la privación ilegítima de la libertad, tormentos aplicados y homicidio de los dos curas sucedidos en julio de 1976.

Pezzetta y Juan Carlos “Bruja” Romero habían quedado afuera del primer juicio que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2012 en torno de las muertes de Murias y Longueville, pero fueron procesados por esos hechos en marzo de 2013. En aquel debate, la Justicia consideró probados los hechos que culminaron en el asesinato de Murias y Longueville, el primer caso fatal en el amedrentamiento y persecución que sufrió el grupo de sacerdotes liderado por el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, desde meses antes del golpe militar. Estableció que un grupo de personas identificadas como policías fueron a buscarlos la noche del 18 de julio de 1976 a la casa de las Hermanas de San José, en Chamical, donde cenaban; que se los llevaron con la excusa de que debían declarar en la sede de la policía en la capital provincial; que, en realidad, los llevaron a la Base Aérea de Chamical, en donde los interrogaron con torturas; que luego los trasladaron, con los ojos vendados, hasta un terraplén cercano a la Ruta provincial 38, en donde los fusilaron, y que allí fueron abandonados.

Inmediatamente después de la muerte de “los curitas” vino la del catequista Wenceslao Pedernera y, unos días más tarde, la del propio Angelelli. Por todo aquello, los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera recibieron prisión perpetua.

La “Bruja” Romero falleció en septiembre de 2013 y, aunque estaba con prisión preventiva, esquivó la condena. Así, Pezzetta quedó como único imputado: se lo acusa de la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio de Murias y Longueville, todos delitos considerados de lesa humanidad. Desde su procesamiento, Pezzetta permanece detenido en Marcos Paz.

La base de la acusación contra Pezzetta es el lugar que ocupó en la cadena de mando militar. Al momento de los hechos, estaba a cargo de la sección de Inteligencia de la Base Aérea de Chamical, por donde pasaron Murias y Longueville. Estrella, que purga dos condenas a perpetua –la correspondiente al secuestro, torturas y muerte de los sacerdotes y la referida al homicidio de Angelelli—, era segundo jefe de esa base. Menéndez, también condenado en ambas causas, era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

“La posición de mando que ejercía Pezzetta implicaba per se que habría tenido dominio sobre una parte fundamental del aparato de poder y, en consecuencia, sobre los hechos a partir de las órdenes que retransmitían y cuyo cumplimiento era de su incumbencia vigilar”, surge del auto de elevación a juicio, emitido en marzo de este año en base a los requerimientos emitidos por la Fiscalía y las querellas, representadas por las secretarías de Derechos Humanos provincial y nacional, y la hermana de Murias, María Cristina. Según ese texto, Pezzetta ocupó una posición jerárquica dentro de la estructura militar que desarrolló los hechos investigados como parte de “objetivos” enmarcados en la “lucha contra la subversión” que, “entre otras formas, en La Rioja se expresó en la modalidad de persecución a individuos pertenecientes o vinculados con la Iglesia Católica”.

El TOF de La Rioja está compuesto por jueces subrogantes: José Asís y Mario Garzón provienen de Córdoba; Juan Carlos Reynaga, de Catamarca. En representación de las secretarías de Derechos Humanos trabajarán Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau. Por María Cristina Murias, querellarán Viviana y María Elisa Reinoso y Adriana Mercado Luna. El fiscal es Daniel Illanes.

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