miércoles, 27 de noviembre de 2013

“La Iglesia fue cómplice del asesinato", testimonio del ex sacerdote Arturo Pinto

EL TESTIMONIO DEL EX SACERDOTE ARTURO PINTO, EN EL JUICIO POR EL CRIMEN DEL OBISPO ANGELELLI EN 1976
“La Iglesia fue cómplice del asesinato”

Pinto fue amigo y colaborador de Angelelli. Ante el tribunal contó cómo fueron los últimos días del obispo de La Rioja y, en contraposición con la teoría del accidente que sostuvo la jerarquía eclesiástica, aseguró que “fue un atentado”.
Por Irina Hauser

Un día antes de que lo asesinaran, el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli dibujó en un papel un círculo con forma de espiral y en él fue ubicando una serie de sucesos, cuyos últimos eslabones habían sido el homicidio de los curas de su pastoral en Chamical, Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murias, y el del laico Wenceslao Pedernera. “La cosa está brava”, les advirtió a los sacerdotes de su mayor confianza, y se ubicó en el centro del dibujo porque, dijo, creía ser el próximo de la lista. Ellos le pedían que se fuese a Perú, aprovechando que de allí lo convocaban. “El pastor no abandona a sus ovejas”, contestó. En aquel encuentro estaba Arturo Pinto, amigo y mano derecha de Angelelli, quien lo recordó ante el tribunal oral riojano que juzga su asesinato como parte de un contexto que anticipaba el desenlace. Su testimonio resulta clave porque además es el hombre que viajaba con el obispo en un Fiat 125 multicarga el 4 de agosto de 1976 en el momento en que otro vehículo se les cruzó y los hizo volcar, y que al sobrevivir pudo contarlo.

“A Angelelli lo mataron mediante una maniobra vehicular provocativa, fríamente premeditada, fue un atentado, no un accidente”, aseveró Pinto, en contraposición con la teoría que sostuvo la Iglesia Católica.

Pinto declaró ayer frente a los jueces Camilo García Uriburu, Carlos Lascano y Juan Carlos Reynaga. “Sabía que era perseguido y que lo iban a matar como lo hicieron con otros sacerdotes”, insistió el ex sacerdote, quien dejó de ejercer en 1977 cuando se cumplió un año del homicidio del obispo. El juicio que transcurre en La Rioja tiene como acusados al ex jefe del tercer cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y al ex comodoro Luis Estrella. Los otros tres hombres que debieron haber sido juzgados por este hecho ya murieron: el dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y Juan Carlos Romero, quien estuvo a cargo del Departamento de Informaciones (D2) de La Rioja.

En su relato, Pinto se refirió a Menéndez en un tramo específico en el que confirmó la existencia de un encuentro que mantuvo con Angelelli en 1976. Dijo que el obispo volvió de allí “preocupado”, como quien había recibido una amenaza. Menéndez siempre negó esa entrevista, a la que, sin embargo, aludieron también otros testigos del juicio, como Luis “Vitín” Baronetto –querellante de la organización Tiempo Latinoamericano– y María Elena Coseano, sobrina de Angelelli.

“Esto demuestra la mano siniestra de Menéndez en las amenazas y la planificación del atentado”, señaló a este diario Guillermo Díaz Martínez, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ayer la sala del tribunal oral, en el edificio del correo en La Rioja, estaba repleta.

Pinto conoció en los ’60 a Angelelli, que era rector del seminario en Córdoba donde él estudiaba para sacerdote. El obispo lo consagró cura en Villa Unión, en un acto en la vía pública, y desde entonces fue junto a él casi a todas partes. Durante toda la primera parte de su declaración intentó explicarles a los jueces “la nueva manera de hacer de la Iglesia” que buscaba desarrollar Angelelli a través de la llamada “opción por los pobres”. “Era una Iglesia liberadora de ataduras, que cuestionaba la mala distribución del agua, la concentración de la tierra en latifundios, los bienes en pocas manos. Ofrecía una reinterpretación del evangelio, se preocupaba por la situación de cada persona. Era novedoso, y fue tratado de subversivo, lo acusaban de cambiar la fe y las costumbres”, le contó a Página/12.

En julio de 1976 Angelelli había viajado a Chamical tras el asesinato de los curas Longueville y de Dios Murias, cuyos cuerpos aparecieron con vendas en los ojos y marcas de torturas dos días después de ser secuestrados. Después del sepelio se los homenajeó en un “novenario” (durante nueve días), donde también se intentaba “mitigar el dolor” y contener a los pobladores, que estaban asustados. En ese período el obispo se instaló en el cuarto de Murias y comenzó a entrevistar a la gente de la zona –recordó Pinto– que le tenía gran confianza, “quería descubrir quién los había matado, la gente le contaba, su máquina de escribir volaba”, contó Pinto a este diario. Con todo ese material armó una carpeta, que pensaba mandar al Vaticano y a la nunciatura, según contaron varios testigos.

El 3 de agosto Angelelli y Pinto emprendieron el viaje de vuelta después del mediodía. Llevaban la carpeta con toda la investigación de Angelelli en el asiento de atrás. Tomaron “un camino alternativo hasta retomar la ruta nacional 38 para no pasar por el frente de la ex base Aérea de Chamical debido a la mala relación que había entre sus integrantes y el obispo”, declaró Pinto. Entonces contó que a la altura de Punta de Los Llanos, a 100 kilómetros al sur de la capital riojana, un auto de color blanco los encerró “por delante de la camioneta, que se salió de la ruta y volcó”. “Producto del vuelco Angelelli, por comentarios que tuve después, salió despedido y yo quedé adentro del vehículo, inconsciente.”

Cuando los jueces le preguntaron por “la mala relación” con la Base Aérea, Pinto recordó como ejemplo que en medio de una misa, “en plena homilía de monseñor Angelelli, fue interrumpido por el titular de la base, Lázaro Aguirre, quien le señaló que no estaba de acuerdo y debía retractarse”. “En las misas siempre había una o dos personas de civil que nos dábamos cuenta de que eran militares y en algunas ocasiones grababan”, señaló.

La carpeta con la investigación sobre el asesinato de los curas de Chamical apareció –contó el abogado Díaz Martínez– en un escritorio de Harguindeguy. Hoy, a los 73 años, Pinto vive en Formosa y trabaja en el Equipo para la Promoción y el Acompañamiento Solidario, que promueve el desarrollo de las comunidades wichí y toba. “La Iglesia fue cómplice del asesinato de Angelelli, nunca se pronunció públicamente –dijo Pinto a este diario–. Cualquier agrupación, cuando tocan a un miembro, reacciona: acá masacraron a Angelelli y nadie condenó su muerte.”

martes, 5 de noviembre de 2013

Se inicia el juicio oral por el asesinato del Obispo Enrique Angelelli

“Bajo el amparo de la jerarquía”

Los acusados son el ex comodoro Luis Fernando Estrella y el ex general Luciano Benjamín Menéndez.

“En esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina”, se escuchó ayer durante la primera audiencia del juicio oral por el asesinato, en agosto de 1976, del obispo de La Rioja Enrique Angelelli. Los acusados son el ex comodoro Luis Fernando Estrella y el ex general Luciano Benjamín Menéndez.

El juicio comenzó ayer al mediodía, después de que se pudieran solucionar algunos problemas técnicos. La jornada consistió en la lectura de la elevación a juicio realizada por la fiscalía. Los jueces José Camilo Quiroga Uriburu (presidente), Carlos Julio Lascano (del Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba) y Juan Carlos Reynaga (del Tribunal Federal de Catamarca) serán los encargados de dictar sentencia. Mario Garzón (del Juzgado Federal de San Francisco, Córdoba) fue nombrado magistrado suplente. Junto con los dos represores que serán juzgados, habían sido acusados también por este caso el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy, el dictador Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, quien estuvo a cargo del Departamento de Informaciones (D2) de La Rioja, pero los tres fallecieron antes de que se inicie el proceso judicial.

Además de los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes, serán parte acusadora Miguel Angel Morales –por la Organización Tiempo Latinoamericano– y María Elena Coseano, sobrina del obispo. Pedro Goyochea y Mirta Sánchez representarán al Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia.

El 4 de agosto de 1976, el entonces obispo de La Rioja regresaba desde la ciudad de Chamical a la capital provincial, tras participar de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados que pertenecían a su diócesis, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville. Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando, según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco se cruzó por delante de la camioneta provocando su vuelco. Producto de los tumbos dados por el vehículo, Angelelli salió despedido y murió en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro de la camioneta con diversas heridas.

En términos de prueba, el juicio revisará documentos, actas y sobre todo testimonios que desde el primer día dan cuenta del atentado, tal como señaló la elevación: “Podemos afirmar con seguridad que la colisión automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos” a él y al sacerdote Arturo Pinto, que salvó su vida milagrosamente. Pero también, las querellas –a excepción probablemente del Obispado– evaluarán en dos direcciones el rol de la Iglesia. Por un lado, trabajarán sobre las pruebas del desamparo en el que la jerarquía dejó al obispo a sabiendas de que estaba amenazado y en peligro. Y por otro lado, se volverá sobre la insistencia de la Iglesia en calificar este hecho desde siempre bajo la hipótesis del accidente.

Luis Baronetto, querellante por Tiempo Latinoamericano, recuerda que “el obispo llevaba oculta tras el asiento de su camioneta la carpeta con la información reunida sobre el asesinato de los dos sacerdotes de Chamical. Una fotocopia de esa carpeta fue vista por el policía federal Peregrino Fernández en el escritorio de Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior. Así consta en el expediente judicial. Fue el motivo inmediato del crimen, que en realidad se preparó desde mucho antes con el ataque a la pastoral diocesana”.

jueves, 31 de octubre de 2013

Causa judicial por el homicidio de Mons. Angelelli: NO ADMITIMOS NUEVAS TRABAS NI DILACIONES

A pocos días de iniciarse la primera audiencia en el esperado juicio a los asesinos de Mons. Angelelli, una nueva voz de alerta despierta nuestra preocupación como querellantes, ante la amenaza de nuevos obstáculos para que el juicio se desarrolle con normalidad y sin sobresaltos.

Ya hemos tenido que esperar treinta y siete años para llegar a esta instancia. Las demoras en esta larga y lenta marcha de la justicia ya se han llevado a la tumba con impunidad a varios de los imputados y procesados. Desde que la causa fue elevada a juicio en diciembre de 2012 fallecieron Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y en forma más reciente el Comisario Juan Carlos “La Bruja” Romero.

En el tramo del último año debimos sortear las demoras en la conformación definitiva del tribunal que tendrá a su cargo el juicio, debido a la carencia de jueces titulares en el Tribunal Oral Federal de La Rioja. Finalmente quedó constituido con la concurrencia de los jueces Juan Carlos Reynaga, de Catamarca y Carlos Lascano, de Córdoba con la presidencia del juez de La Rioja José Camilo Quiroga Uriburu. Cada impedimento debe soportar la burocracia judicial que se resuelve en las instancias superiores de Buenos Aires. A mediados de este año advertíamos “que los obstáculos reverdecerán ahora para dilatar la sanción penal definitiva mediante maniobras que buscarán la impunidad de los criminales.”

Y no nos equivocamos. Ahora las trabas son puestas por los responsables del Consejo de la Magistratura que deben proporcionar lo necesario para garantizar la concurrencia de testigos y otros requerimientos del proceso judicial. Argumentando escasez de recursos, se pretenden limitar los testimonios de quienes deben ser citados y concurrir para ratificar ante la justicia las pruebas que fundamentan las acusaciones. Nadie desconoce que después de treinta y siete años, así como varios de los imputados no podrán ser juzgados por fallecimiento, de igual modo ha sucedido con numerosos testigos. Pero además muchos de los testigos vivientes están radicados hoy en diversas provincias del país o del extranjero. Y el Estado debe garantizar su concurrencia y protección para que declaren ante el Tribunal.

No dejan de despertar graves sospechas estas nuevas trabas para el normal desarrollo de este juicio. Diversos y poderosos son los intereses que persisten tratando de impedir llegar a la verdad de los hechos; y ahora a la palabra definitiva de la justicia que condenará a los responsables del crimen. La palabra de muchos testigos seguramente pondrá en evidencia la coautoría de civiles que fogonearon la difamación y las amenazas al obispo riojano y su pastoral a favor de los pobres. Y de sectores de la clerecía, que en el furor de la persecución abandonaron a su hermano en el episcopado. Unos y otros fueron beneficiados por el brazo criminal de “las fuerzas de seguridad”.

Parece un despropósito que desde el Consejo de la Magistratura, - donde conviven amigos del olvido y la impunidad -, se argumenten carencias que parecieran excusas para obstaculizar un juicio de honda trascendencia en la vida nacional. Y si no es un despropósito, peor aún porque se estaría ratificando la extendida sospecha que reverdeció cuando se proyectaron reformas judiciales, que despertaron enseguida reacciones corporativas para mantener cotos de privilegios, cuyas consecuencias en la práctica son el retardo y la negación de justicia, como lo estamos avizorando.

Reclamamos a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación las garantías imprescindibles para el normal desarrollo del juicio por el homicidio del Obispo Enrique Angelelli.

Córdoba, 29 de octubre de 2013

Marilé Coseano Angelelli  - Luis Miguel Baronetto
(Querellantes en la causa por el homicidio a Mons. Enrique Angelelli)

sábado, 26 de octubre de 2013

Insólitas absoluciones en el segundo juicio en La Rioja

Con condenas y absoluciones

Luciano Menéndez, que recibió una pena de 20 años, tuvo su séptima condena desde la reapertura de las causas. También fueron condenados otros dos represores, mientras que cuatro acusados resultaron absueltos. El fiscal apelará el fallo.

Con tres condenados y cuatro absueltos concluyó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja. El ex general Luciano Menéndez, que siguió el proceso por videoconferencia, cosechó su séptima condena desde la reapertura de las causas. El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército recibió una pena de veinte años de prisión como “jefe de un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas”. A quince años fue sentenciado el ex gendarme Eduardo Britos, que se había fugado al Paraguay para burlar a la Justicia y fue finalmente extraditado. El tercer condenado, a tres años de prisión en suspenso, es el ex gendarme Ricardo Torres Daram, en tanto fueron absueltos “por el beneficio de la duda” los gendarmes Normando Torres, Hernán Pizarro, Cándido Aroca y Jorge García.

El juicio abarcó los casos de siete víctimas, agricultores y docentes oriundos de Famatina y de Campanas, que fueron secuestrados a principios de junio de 1977 y torturadas en el Escuadrón 24 de Gendarmería de Chilecito y en el ex Instituto de Rehabilitación de la capital provincial, antes de ser blanqueados en la cárcel de La Rioja. Se trata de Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario Del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Angel. Todos fueron interrogados sobre sus vínculos con supuestos “subversivos” y por su relación con el entonces obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura.

Igual que en los juicios anteriores, Menéndez hizo uso del derecho a las “últimas palabras” antes de la sentencia. Apuntó a desacreditar a testigos y querellantes, y reivindicó la represión contra quienes “querían imponer un gobierno marxista de izquierda”. El gobierno de Isabel Perón “ordenó a las fuerzas armadas y de seguridad aniquilar la subversión en Tucumán y seis meses después extendió esa obligación a todo el país”, dijo. Las víctimas “eran combatientes que sabían que asumían riesgos”, justificó, y agregó que “no hubo persecución por ideologías políticas”. “Querían imponer un régimen comunista, y nosotros queríamos preservar el régimen democrático”, aseguró antes de que el tribunal diera por finalizadas sus “últimas palabras” porque no se remitía a los hechos del juicio. Britos, a su turno, dijo que cuando sucedieron los hechos por los que fue condenado había sido destinado por Gendarmería a tareas de inteligencia sobre Chile, por el conflicto del canal de Beagle. Torres Daram agradeció a su familia y a su defensa. “Me siento un ilegítimo heredero de figuras delictivas, porque tengo la plena convicción de que no las he cometido”, dijo.

El Tribunal Oral que condujo el proceso estuvo integrado por José Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Karina Perilli. Los fiscales federales Darío Illanes y Horacio Salman habían pedido 25 años de prisión para Menéndez, 23 para Britos, 12 para Torres Daram, 10 para Torres y Pizarro, y ocho para Aroca y García. Por problemas de salud fueron apartados del proceso los acusados Alfredo Vilte y Wilson Manuel Velázquez.

La lectura de la sentencia generó frustración en la mayor parte de las víctimas y militantes que habían colmado la sala y terminaron presenciando el festejo de los absueltos. Junto a las penas de prisión, los magistrados impusieron inhabilitación absoluta perpetua a Menéndez y Britos e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a Torres Daram. Los jueces pidieron la realización de una junta médica para determinar “si (Menéndez) puede ser alojado en una unidad carcelaria”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo viernes.

El fiscal Illanes manifestó que el fallo es “contradictorio” y que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. “Las pruebas eran contundentes para aplicar las condenas pedidas por la fiscalía. Obviamente nos vamos disconformes con el fallo, y prima facie presentaríamos recurso de Casación”, dijo.

El juicio que concluyó ayer es el segundo por la represión ilegal en La Rioja: en el primero se juzgaron los secuestros, las torturas y asesinatos de los sacerdotes de Chamical, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. El tercero comenzará el 4 de noviembre y tratará el asesinato del obispo Angelelli.

martes, 12 de febrero de 2013

La jerarquía eclesiástica abandonó a los sacerdotes de La Rioja

Cristina Murias, hermana de uno de los curas asesinados.
“Querían destruir la pastoral”

Murias cuenta que “los propios curas que declararon” en el juicio admitieron que hubo “un matrimonio entre la cúpula de la Iglesia y los militares” y que la jerarquía eclesiástica “abandonó” a los sacerdotes de La Rioja.

 Por Laura Vales

Cristina Murias es la hermana de Carlos, uno de los curas asesinados en El Chamical. Desde Córdoba, donde vive, dice que los testimonios aportados en el juicio oral por los homicidios de su hermano y de Gabriel Longueville serán valiosos en el próximo juicio por la muerte del obispo Enrique Angelelli, “porque fue todo parte del mismo paquete: a mi hermano y a Gabriel los matan el 18 de julio, a monseñor Pedernera el 25 de julio y a Angelelli el 4 de agosto. Querían destruir la pastoral del obispo”. Parte de esos testimonios se refirieron al papel que tuvo la cúpula de la Iglesia. “Los propios curas que declararon lo dijeron: hubo un desposorio entre la cúpula de la Iglesia y los militares.”
“Lo dijo el padre que fue el superior de los capuchinos”, apunta Murias, del otro lado del teléfono.

–¿Qué palabra usó?

–Dijo que hubo un desposorio, un matrimonio entre las dos cúpulas. También Antonio Puigjané, que habló por videoconferencia. Todos sabemos que la Iglesia los abandonó. Angelelli fue a pedir ayuda, y en aquel momento (Vicente) Zazpe le mandó a decir: “Díganle al pelado que lo único que puedo hacer es rezar”. Y Zazpe era el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, ¿cómo que lo único que podía hacer era rezar?

–El juicio oral terminó en diciembre con tres condenas. ¿Se sintió conforme con el fallo?

–Con el fallo sí, pero hay que aclarar que la causa llegó mutilada al juicio oral, porque el juez de instrucción (Daniel Herrera) Piedrabuena no proveyó ninguna de las pruebas que pedimos. La causa tendría que haber llegado a juicio teniendo entre los acusados a (Albano) Harguindeguy y Eduardo Menem, que fue el instigador de toda la persecución a la pastoral del obispo Angelelli. El (Menem) fue ministro de gobierno de la dictadura y fue director periodístico del diario El sol, desde donde se hacía campaña contra el obispo. No hay que olvidar que la persecución a toda esa pastoral comenzó en el año ’70, ’71. ¿Y quiénes eran los mentores? Los cruzados de la fe, un grupo de ultracatólicos que defendían a los terratenientes. Y los mentores de eso eran los Menem. Por otro lado, inmediatamente después del juicio, la Cámara de Casación les dio a los condenados el beneficio de la prisión domiciliaria.

–¿Cuántos quedaron en prisión?

–De los tres, solamente uno, el comisario (Domingo) Vera. A (Luis Fernando) Estrella y (Luciano Benjamín) Menéndez, Casación les dio la prisión domiciliaria con el argumento de la falta de fundamentos, porque por la feria judicial la lectura de los fundamentos de la sentencia se pasó para febrero.

–Ahora, con la difusión de los fundamentos, ¿esto podría cambiar?

–No sé. Hay un criterio que nos deja atadas las manos, porque como querellantes no tenemos derecho a pedir ni a apelar las medidas coercitivas. Quiere decir que nosotros no podemos apelar.

–El juicio por el asesinato de su hermano, ¿va a ayudar en la causa de Angelelli?

–Sí, lo más valioso es lo que declaran los curas o ex curas y la gente que trabajaba en la pastoral, que ante un tribunal que eran dos jueces de Córdoba, porque tanto Gabriel como mi hermano eran cordobeses, se animaron a declarar. Todo eso es ahora un instrumento público.

–¿Por qué mataron a su hermano?

–La pastoral del obispo estaba centrada en ser la voz de los que no la tienen. Conseguían que a las empleadas domésticas no se las tratara como esclavas, porque les pagaban con la comida y ropa vieja, ayudaron a crear el sindicato minero, peleaban contra el apropiamiento de las sierras, porque todo el norte del país no tiene títulos de propiedad, son propiedades ancestrales. Entonces pasaba como pasa ahora, llegaban con la compra de 50 mil hectáreas hecha en Buenos Aires, fraguadas obviamente, y los desalojaban. En el año ’73 se produce un acontecimiento que jamás había pasado: cuando llega el obispo a celebrar las fiestas pastorales de Anillaco lo apedrean, le tiran tomates, Amado Menem con altoparlantes incitaba al pueblo para que los corrieran, porque decían que ésos no eran cristianos. Tanto es así que el papa Pablo VI tuvo que mandar a un delegado personal con una nota afirmando que la pastoral del obispo era la pastoral de la Iglesia Católica, como un modo de dejar en claro que no eran comunistas ni eran foráneos... bueno, todo el que no era de La Rioja era considerado foráneo.

–Hablaba de cómo la jerarquía de la Iglesia le dio la espalda a Angelelli. Ustedes, como familiares, ¿también recurrieron a la Iglesia por ayuda?

–Jamás, ni la Iglesia se acercó ni nosotros le pedimos nada, porque sabíamos perfectamente lo que era (Raúl) Primatesta. También el obispo (de La Rioja, Roberto) Rodríguez, que ahora está por renunciar, antes de que llegue el juicio por Angelelli, se negó sistemáticamente a ofrecer pruebas, hasta que este tribunal oral le ordenó que abriera los documentos de la curia, porque ahí consta la persecución a la pastoral, con todas las modificaciones que pudo haber con todos los obispos que siguieron.

–Así como se juzga a los militares, ¿también deberían ser juzgados los hombres de la Iglesia que tuvieron responsabilidad en los crímenes del terrorismo de Estado?

–Casi todos los que intervinieron en aquel entonces están muertos: Primatesta, (Antonio) Plaza, (Juan Carlos) Aramburu... pero creo que la Justicia podría condenar a la institución. Porque a las instituciones siempre las dejan a salvo, pero a las instituciones las manejan los hombres, los seres humanos, y lamentablemente acá fueron cómplices de la dictadura, o sea: denunciaron a gente, pedían las listas de los maestros en las escuelas de monjas que Primatesta las pasaba al Tercer Cuerpo. Todo eso se sabía y se sabe... ¿y que no haya sanción porque se murió? Tiene que haberla.

Represión dirigida

“En este juicio quedó especialmente claro que la Iglesia tuvo un papel pasivo, pero que también fue parte, en toda la represión en general”, le dijo a Página/12 Carlos Gonella, quien fue fiscal del caso del asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Las condenas se conocieron el 8 de diciembre, pero los fundamentos fueron difundidos el viernes último. “En La Rioja la represión estuvo dirigida contra los sacerdotes del movimiento tercermundista. El obispo (Enrique) Angelelli iba y pedía a las autoridades, mientras ellas, desde la Conferencia Episcopal, asesoraban (a la junta militar). Este año, señaló Gonella, se espera que empiece el juicio oral por el asesinato de Angelelli, que volverá a poner la complicidad eclesiástica con la dictadura sobre el tapete. En el caso de Murias y Longueville, el fiscal recordó que otras de las pruebas clave fueron los legajos de Inteligencia de la Policía, que incluían un mapa donde los agentes ubicaban en el territorio a los curas de la pastoral de Angelelli, e incluían una lista con el perfil ideológico de cada uno y hasta valoraciones morales.

La connivencia de la jerarquía eclesiástica con la dictadura

Un tribunal oral señaló que la Iglesia todavía es "reticente" al esclarecimiento de los crímenes del Terorrismo de Estado.
Una complicidad que se mantiene con los años

Los magistrados que juzgaron a los responsables del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en La Rioja destacaron, en los fundamentos del fallo, la connivencia de la jerarquía eclesiástica con la última dictadura.

 Por Irina Hauser

El tribunal oral que juzgó en La Rioja el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville habló de manera taxativa de la “complicidad” de la Iglesia Católica con los crímenes de la última dictadura, algo novedoso en los juicios contra represores. En los fundamentos de la sentencia que condenó a prisión perpetua al ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, al vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al ex comisario riojano Domingo Benito Vera, los jueces señalaron la “indiferencia” pero también la connivencia de la jerarquía eclesiástica con el aparato represivo, y en este caso en particular con el ataque dirigido a los sacerdotes del movimiento tercermundista caracterizado por su trabajo con los sectores sociales desprotegidos. Recordaron que las denuncias sobre persecuciones que llevaban los miembros de la pastoral riojana nucleados en torno del obispo Enrique Angelelli a las autoridades de la Iglesia fueron ignoradas en aquel entonces pero además, advirtieron, aún “persiste” una “actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso miembros del clero al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”.

El 18 de julio de 1976 un grupo de hombres que se presentaron con credenciales de la Policía Federal se llevó a De Dios Murias y al francés Longueville en la casa parroquial de la Iglesia El Salvador. Les dijeron que debían declarar para la liberación de unos presos, en particular del intendente Cacho Corzo. Los subieron a un Ford Falcon oscuro, y se estima que en el ínterin pudieron haberlos interrogado, pero rápidamente, no más de media hora después del secuestro, fueron ejecutados. Según el tribunal oral, el breve lapso transcurrido muestra que el objetivo era matarlos. Sus cuerpos aparecieron con vendas en los ojos y marcas de tortura dos días después, cerca de las vías del tren. Quince días después fue asesinado el obispo de la provincia, Enrique Angelelli, en un falso accidente, cuando llevaba documentación precisamente sobre la persecución a los curas. Buena parte de esos papeles fueron rescatados y sirvieron de prueba en el reciente juicio oral.

“No se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto, presididos por móviles particulares. Por el contrario, claramente, el asesinato de Murias y Longueville debe interpretarse y comprenderse precisamente en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos (...) Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado ‘enemigo’ y ‘blanco’”, dice un tramo de la sentencia, de 417 páginas, que firmaron los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos Julio Lascano, mientras que como cuarta jueza actuó Karina Perilli. Los autores materiales, explica el tribunal, eran “personas extrañas a la población de Chamical (con tonada de afuera, aporteñada, porte militar)”, lo que demostraría, razonan, que iban con una orden. La Iglesia Católica, agregan para completar el cuadro, estaba al tanto del escenario de ataques y posibles asesinatos a curas tercermundistas de La Rioja, cuya historia devino un caso paradigmático.

Menéndez y Estrella fueron condenados como coautores “mediatos” de los crímenes, en función de una teoría penal según la cual pueden ser considerados “autores” quienes, aunque no intervengan directamente en los hechos, dominan su realización a través del aparato de poder de organización estatal. Al ex comisario Vera, en cambio, le adjudican una participación directa. Para ilustrar el espectro de influencia de Menéndez, ya antes del golpe de Estado, los jueces recuerdan que hubo tres hombres de la diócesis riojana (Rafael Sifré, Carlos Di Marco y el viceobispo Esteban Inestal) que fueron especialmente buscados fuera de su área, detenidos y torturados en Mendoza, y se les advirtió sobre el futuro asesinato de Angelelli.

Aunque Menéndez negó haber tenido encuentro alguno con Angelelli, que llevaba sus reclamos donde podía por la persecución a los curas riojanos, el tribunal considera probado por testimonios y documentos que sí existió, y que el cardenal Raúl Primatesta incluso ofició como nexo. Por distintas vías, el ataque y hostigamiento al movimiento de curas del Tercer Mundo fue puesto en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, que hicieron oídos sordos.

–Me están matando a los corderos –recuerda el fiscal Carlos Gonella que le dijo Angelelli a Primatesta, en una reunión que fue celebrada el mismo mes del asesinato de Murias y Longueville.

–Eso le pasa por meterse con esas cosas –fue la respuesta, que aludía al trabajo corporativo que realizaba en unidades familiares.

Durante el juicio oral, ya la fiscalía y las querellas plantearon la importancia de esos contactos en los que Angelelli y otros sacerdotes transmitían la situación de la diócesis de La Rioja a los responsables de la Conferencia Episcopal en busca de una solución, para entender el papel que jugó la Iglesia Católica. El tribunal oral sostiene en su sentencia que, de los documentos y cartas dirigidos a las autoridades más los relatos de testigos que participaban de la pastoral de Angelelli, “surge dramáticamente un reclamo que hasta el día de hoy, evidentemente, no sienten satisfecho y expresa una pública denuncia a la jerarquía de la Iglesia argentina, a la que atribuyen indiferencia, cuando no complicidad, ante episodios gravísimos de violaciones a los derechos humanos y eran evidentes y manifiestos para toda la sociedad, particularmente ante la persecución y violentas agresiones de que eran objeto sacerdotes y laicos de la iglesia riojana. “Los pecados cometidos –recordaron varios testigos que decía el vicario castrense, Victorio Bonamín, sin que ningún superior lo desautorizara– deben pagarse con sangre.”

El tribunal hace hincapié en el intercambio epistolar que Angelelli mantuvo con monseñor Vicente Zaspe, el arzobispo de Santa Fe, “enviado por el Vaticano –precisan los jueces– para apoyar, interceder e intentar recomponer la relación del obispo de La Rioja con las autoridades del régimen militar”. Allí Zaspe informaba acerca de un encuentro con el dictador Jorge Rafael Videla apenas ocurrido el asesinato de Murias y Longueville, del que participaron Primatesta y el nuncio apostólico Pío Laghi.

Parte de los documentos de los archivos secretos de la Iglesia que fueron revelados por el periodista Horacio Verbitsky, y que dan cuenta de cómo el Episcopado asumió un rol de asesoramiento para con las Fuerzas Armadas respecto de cómo y qué decir frente a la desaparición de personas, son especialmente señalados por el tribunal. La sentencia repasa una reunión (del 10 de abril de 1978) documentada entre la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, representada por el cardenal Primatesta, el obispo Vicente Zaspe y el cardenal Juan Aramburu, en la que el dictador Jorge Rafael Videla dijo que estaba preocupado porque los obispos habían usado la expresión “presos políticos” y la repercusión que eso podría tener en el plano internacional. Cuando hablaron de “el problema de los desaparecidos” y el reclamo de los familiares, Aramburu dijo: “El problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”. Videla, en una entrevista, incluyó a Pío Laghi entre quienes le daban asesoramiento.

“Así como numerosos testigos y habitantes del pueblo de Chamical manifiestan que aún hoy subsiste un trasfondo de miedo en esa sociedad, es penoso observar que pareciera que ese temor, o peor aún, alguna forma de velada objeción al accionar de aquella Iglesia comprometida con los débiles sociales y desposeídos, todavía persiste y se manifiesta en la actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso del clero, al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”, señala otro tramo de la sentencia. Los jueces relataron, como ejemplo, que cuando quisieron ir a inspeccionar la parroquia de Chamical, que en la época de los hechos ocupaban las Hermanas Josefinas y desde la cual fueron secuestrados Murias y Longueville, no pudieron entrar porque el párraco mandó decir que estaba haciendo “ejercicios espirituales”, a pesar de que había sido notificado de la medida.

“Seguramente –se juegan los jueces– los miembros del pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución de tanta significación como la Iglesia Católica una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos y a quienes de una manera u otra permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos.”

miércoles, 23 de enero de 2013

Los asesinos de Carlos y Gabriel, continuarán en prisión domiciliaria

Después de la sentencia por los asesinatos de Carlos y Gabriel
 
Los condenados Menéndez y Estrella continuarán con prisión domiciliaria

La Justicia Federal, otorgó la prisión domiciliaria al ex general Luciano Benjamín Menéndez y al ex segundo jefe de la Base Aérea Militar de Chamical, vicecomodoro Luis Fernando Estrella, quienes fueron condenados por los asesinatos de dos sacerdotes.
 
Hace dos meses, Menéndez y Estrella, fueron condenados a prisión perpetua, por ser culpables de los homicidios de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacerdotes que pertenecían a la Pastoral de Enrique Angelelli, en 1978.

Antes, y mientras duró el juicio, los dos imputados estaban con prisión domiciliaria. Menéndez, estuvo en La Rioja durante algunas audiencias, pero después fue derivado a una cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires, que cuenta con un hospital, ya que padece problemas de salud, y esa situación generó que el debate haya sido suspendido en varias ocasiones.

La misma situación le cabe a Estrella, pero con menos problemas de salud que Menéndez. El ex segundo jefe de la Base Aérea Militar de Chamical, fue trasladado desde Córdoba a La Rioja para ser juzgado. De los tres imputados que tuvo el juicio (el tercero es el ex policía de La Rioja, Domingo Benito Vera), Estrella fue revisado por médicos, pero en ningún momento fue internado.

El Tribunal que los condenó, les impuso la pena de prisión perpetua y el traslado a una cárcel común. Sin embargo, ese aspecto fue apelado por los abogados defensores de los imputados (que pertenecen a la Defensoría Oficial de la Justicia Federal de La Rioja).
 
Lla Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Eduardo Righi, Luis María Cabral y Angela Ledesma, otorgaron el beneficio de arresto domiciliario, a favor de Estrella y Menéndez.

Los abogados Carlos Cáceres, defensor de Menéndez, y Miguel De Leonardi, representante de Estrella, no recusaron la condena en sí, sino el lugar de cumplimiento, y la Cámara ordenó que la condena se cumpla en los domicilios que los ex militares designen.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, se notificó el viernes próximo pasado, de la decisión de la Cámara que ordena el "traslado inmediato desde las cárceles donde se encuentran alojados, a los domicilios reales fijados".

El 7 de diciembre de 2012, fue una fecha histórica para La Rioja, ya que después de 36 años, la Justicia Federal dictó sentencia sobre la causa de los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y los tres imputados, Luciano Benjamín Menéndez, Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, deberán purgar prisión perpetua por los delitos cometidos.