viernes, 29 de abril de 2016

Casación ratificó que el Obispo Enrique Angelelli fue asesinado

Dos sentencias confirmadas

Los represores Luis Estrella y Luciano Benjamín Menéndez deberán cumplir la pena de prisión perpetua por haber asesinado al referente del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Los camaristas descartaron todos los planteos que hizo Estrella en un recurso extraordinario.

Los represores Luis Estrella y Luciano Benjamín Menéndez deberán cumplir prisión perpetua por haber asesinado al obispo de La Rioja Enrique Angelelli durante la última dictadura cívico militar argentina. Así lo confirmó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó el último intento de Estrella de esquivar a la Justicia a través de un recurso extraordinario que cuestionaba la decisión que esa misma sala había tomado en diciembre pasado y que confirmaba la condena aplicada en primera instancia.

En un fallo unánime, los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon “inadmisible” un recurso extraordinario que la defensa de Estrella interpuso en diciembre pasado contra la decisión de esa Sala IV, que sellaba su destino perpetuo en una celda, tal como lo había determinado el Tribunal Oral Federal de La Rioja en julio de 2014. Entonces, Estrella y Menéndez fueron hallados autores mediatos del homicidio doblemente calificado de Angelelli y la tentativa de homicidio calificado de Arturo Pinto, hecho que sucedió el 4 de agosto de 1976 cuando el auto en el que ambos religiosos viajaban se “accidentó” en una ruta local. A Estrella, quien en tiempos del asesinato del obispo era subjefe de la base que la Fuerza Aérea manejaba en La Rioja, también se lo condenó como organizador de asociación ilícita agravada.

Los camaristas descartaron todos y cada uno de los planteos de Estrella en su recurso extraordinario para discutir la confirmación de la sentencia. En diciembre del año pasado, habían confirmado ambas condenas, mientras que Hornos y Gemignani ordenaron revisar la forma del cumplimiento de la pena, que el fallo original había ubicado en una cárcel común. El condenado discutió esa decisión: advirtió la “arbitrariedad” de la sentencia por “fundamentación aparente”, denunció “agravios relativos a la violación del principio de legalidad” y cuestionó la “constitucionalidad de la prisión perpetua”.

Los jueces de la alzada le respondieron que los agravios mencionados “no conmueven los argumentos expuestos en la sentencia impugnada”, que los planteos en torno de la valoración de la prueba “resultan ajenos a la instancia extraordinaria” y que, en general “sus argumentos no alcanzan para dar cabal respaldo a la pretensión de obtener por ese carril el acceso a los estratos de la Corte Suprema, sino que se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido”.

El 4 de agosto de 1976, Angelelli, uno de los referentes del movimiento de curas tercermundistas en Argentina que fue blanco del terrorismo de Estado, viajaba en auto desde Chamical hacia la capital riojana. Iban hacia el Obispado provincial a entregar documentación sobre el asesinato de dos curas de la diócesis de Angelelli. Pero el auto sufrió un atentado en el que el obispo murió y Pinto, quien lo acompañaba, sufrió múltiples lesiones.

martes, 11 de agosto de 2015

Comenzó la Megacausa de La Rioja por crímenes de lesa humanidad

El jueves 6 de agosto se realizó la primera audiencia del proceso que juzga a 18 represores por homicidio, privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal, torturas, violación, aborto sin consentimiento y asociación ilícita, cometidos a partir del año 1975 en esa provincia. Tras los juicios por los crímenes de Monseñor Enrique Angelelli, y los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, en este caso se juzgarán delitos contra presos políticos. Por La Retaguardia

“Esta causa es una lucha que inician los ex presos políticos apenas recobran la libertad, es una lucha que ha tardado casi 40 años en poder llevarse a juicio. Además tiene un antecedente muy importante para todos los juicios que se están realizando en Argentina porque se lleva al banquillo a un cómplice civil, no militar. En ese sentido es algo de lo que todos vamos a estar pendientes y va a generar un antecedente como para poder interpelar a esa sociedad que en un momento fue cómplice de la represión por parte del Estado”, expresó Pablo Díaz Mayorga, de la cooperativa Radio Voces de La Rioja, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

La referencia es al ex juez Roberto Catalán, uno de los 18 imputados en esta causa. En diálogo con Oral y Público, Díaz Mayorga agregó: “para los que no están al tanto de la historia de nuestra provincia, es una persona que no solamente tuvo funciones públicas en la época del proceso sino que también es un ideólogo de lo que fue la represión participando él de la misma tortura, según cuentan los compañeros detenidos ilegalmente en esa época. Se lo ha citado en varias denuncias y declaraciones, él participando no solamente como una persona que encubrió todo el andamiaje que se hizo en ese momento en la provincia de La Rioja para poder reprimir a los compañeros que participaban activamente en las luchas, en la búsqueda de una sociedad mucho mejor, sino que además era una persona que participaba de las torturas, que manejaba la prensa en ese momento, junto con los Cruzados de la Fe, junto con familia, tradición y propiedad, se me ocurren casi 20 apellidos de familias que fueron responsables directos de ocultar todo lo que sucedió en los ’70”.

Una semana antes del inicio del juicio, en el programa Enredando las mañanas (ELM) de la RNMA entrevistamos a Lucila Maraga, sobreviviente y querellante en esta megacausa, quien explicó que en este proceso se juzga a los responsables de las distintas fuerzas que participaron de la represión en La Rioja desde el año 1975, en que se dieron las primeras detenciones: “hay represores de Gendarmería, de la Policía Federal y provincial, hay guardiacárceles, está el juez Roberto Catalán que respondió directamente a la dictadura en ese momento. Estamos con mucha expectativa porque en nuestro caso, que fuimos detenidos en 1975, son 40 años de exigencia de justicia. Esta es una megacausa que tiene 65 represores, de los cuales en este momento solo van 18 a juicio, algunos ya han fallecido pero hay un grueso que va a estar presente desde la sala de audiencia y otros a través de videoconferencia porque están en otros lugares por otras causas de lesa humanidad”.

Los represores que están siendo juzgados en esta causa se encuentran detenidos desde hace varios años. La mayoría está en cárceles locales, Marcos Paz, o en la provincia de Córdoba como es el caso de Luciano Benjamín Menéndez, y muy pocos tienen prisión domiciliaria. “Hemos exigido que estas causas vayan a juicio y todavía faltan algunas en La Rioja, y lo hacemos con la entereza, con la verdad, por eso estamos - más allá de la angustia que significa enfrentar una situación como esta - con la entereza de saber que tenemos la verdad y que los responsables de la represión en La Rioja serán condenados, irán a cárcel común y efectiva, que es lo que nosotros pedimos, y no que tengan beneficios como la domiciliaria, que últimamente se está dando mucho, sino que vayan a la cárcel como corresponde, con todas las garantías, pero que estén en una cárcel”, afirmó Maraga a ELM.

En relación al tribunal, integrado por Juan Carlos Reynaga, Carlos Jiménez Montilla, Carlos Eduardo Casas y Mario Eugenio Garzón; Maraga consideró: “el tribunal está conformado por un juez de Catamarca que ya estuvo en otras causas y que nosotros lo conocemos, que responde con mucha integridad respecto a que son delitos de lesa humanidad; y los otros son nuevos en La Rioja pero han participado en otros juicios de este tipo así que confiamos en que el tribunal estará atento a todos lo que es nuestra verdad, porque en La Rioja hubo un nivel ya en el ’75 de tortura con picana eléctrica, acá ha sido muy duro el trato y el grado de perversidad que hubo, como en todos los lugares del país, pero acá en La Rioja, que a veces se pensó que era un lugar muy distante, como que no pasaba nada, la represión fue de una manera descarnada, hubo más de 1500 detenidos, más de 400 compañeros con causas federales, hay más 32 desaparecidos, fue una provincia golpeada por el Terrorismo de Estado”.

Teniendo en cuenta el antecedente de los juicios anteriores, las querellas pidieron al tribunal ciertas modificaciones en la sala de audiencias: “logramos estos cambios para que el juicio tenga todas las garantías de tranquilidad, no solamente para los testigos, sino también para los familiares que nos van a acompañar, no recargar en las fuerzas de seguridad sino que se busquen otro tipo de vallas, de ampliaciones del espacio, como para que no exista esa exageración de presencia de Gendarmería o la Federal como había en los otros juicios. Por suerte se ha podido conseguir y estamos en mejores condiciones de estructura física como para poder iniciar este juicio”.

En estos meses de audiencias se espera la declaración de más de 100 compañeros que brindarán testimonio. Pablo Díaz Mayorga estuvo presente en la primera jornada del juicio, y describió sus sensaciones a Oral y Público: “aún aunque muchas de las acciones cotidianas que nosotros tengamos en búsqueda de la verdad y la justicia tarden, es importante hacerlas, porque hacen la diferencia. Charlando con los ex presos me daba esa sensación, que era un día que estaban esperando hace muchísimo tiempo, y eso para las generaciones más jóvenes de luchadores que no vivimos directamente la represión, y tendemos a mirar a la realidad con esa lógica del pesimismo, compañeros que pudieron sobrevivir al horror y salir de nuevo y luchar... me parece que una de las sensaciones más fuertes que tuvimos fue que había compañeros que estaban viviendo algo que habían esperado mucho tiempo. Una situación y un lugar que estuvieron pensando, y esperando con ansiedad y deseo”.

Las audiencias de la megacausa se realizarán todos los jueves y viernes próximos. Al tratarse de procesos orales y públicos se puede asistir libremente, solo es necesario presentar el documento y ser mayor de 18 años.

lunes, 29 de junio de 2015

La Rioja: nueva denuncia contra Milani por su participación en el genocidio

Se presentó en La Rioja una denuncia penal encabezada por Oscar Schaller contra el jefe del Ejército por haber participado en su secuestro y torturas en 1976. Lo hicieron abogados del CeProDH acompañados por Madres de Plaza de Mayo de La Rioja y otras víctimas que denuncian a Milani.

Frente al Juzgado - Graciela Ledo, Alfredo Olivera, Alejandrina Barry y Matías Aufieri (foto La Izquierda Diario)

La presentación se hizo a primera hora de la mañana en el Juzgado Federal de la capital riojana. Luego, cerca del mediodía, se hizo una conferencia de prensa a la que asistieron muchos medios provinciales. Fue en la sede de las Madres de Plaza de Mayo filial La Rioja, cuya referente es Marcela Brizuela de Ledo, la madre de Alberto Ledo, el conscripto que desapareció en 1976 cuando era subordinado del propio Milani y cuya causa penal lo tiene al actual general como imputado.

Estuvieron Matías Aufieri, el abogado que junto a Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) lo representan como querellante. También estuvo Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y miembro del CeProDH, quien es querellante en la causa ESMA contra genocidas y será testigo en esta nueva causa. Y junto a ellos estuvieron Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, y Alfredo Olivera, otra víctima del accionar de Milani durante la dictadura.

Alejandrina Barry viajó a La Rioja en calidad de testigo pero también de querellante en otros procesos judiciales. Consultada por La Izquierda Diario dijo que “la conferencia de prensa que convocó Madres de Plaza de Mayo La Rioja, en la que estuvimos junto a Graciela Ledo, Alfredo Olivera, y el grupo de apoyo a Madres de Plaza de Mayo filial La Rioja, tuvo una gran repercusión en todos los medios de comunicación de la provincia. Vinimos a presentar una nueva denuncia contra Milani, que se suman a las causas que llevan adelante Graciela Ledo, Alfredo Olivera, y Verónica Matta”. Barry agregó que su viaje es para apoyar la lucha de las víctimas que hace años vienen peleando por verdad y justicia en una provincia que la represión genocida se hizo sentir muy fuerte. “La denuncia que presenta Schaller es un aporte a la lucha que vienen llevando hace años Olivera, Ledo y Matta junto a las Madres de Plaza de Mayo”, concluyó.

Por su parte el abogado Matías Auferi dijo que viajaron “a La Rioja para presentar la denuncia contra Milani en los juzgados federales de esa provincia”. Una denuncia, agregó, “que está acompañada junto a testigos como Enrique ‘Cachito’ Fukman, Graciela Rosemblum y nuestra compañera Alejandrina Barry”. El representante de Schaller finalizó afirmando que la denuncia contra Milani es por genocida y que van a exigir que se abran los archivos de la dictadura.

Graciela Ledo, quien lleva adelante una causa judicial que compromete sobremanera al jefe del Ejército promovido y sostenido por Cristina Kirchner, relató a La Izquierda Diario que “los abogados de la querella de Oscar Schaller vinieron a La Rioja a presentar una nueva denuncia contra el jefe del Ejército. Esta denuncia ratifica que hay muchas pruebas contra Milani”. Para la hermana del conscripto desaparecido “la conferencia de prensa fue muy buena. Duró como dos horas ya que estuvimos recibiendo a los distintos medios que se fueron acercando. Desde el día de ayer todo los medios de comunicación nacional anunciaron que hoy se realizaría la presentación de esta nueva denuncia en los tribunales de La Rioja”. Ledo concluyó sosteniendo que aspira a que la justicia no se desentienda de estas denuncias que pesan sobre el jefe del Ejército.


Matías Aufieri y Alejandrina Barry junto a Graciela Ledo frente al monumento a los desaparecidos en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja

miércoles, 11 de marzo de 2015

La hermana del soldado Ledo exigió en el Congreso la indagatoria a César Milani

Capital Federal, 10 Mar (APFDigital)
- Graciela Ledo cargó contra el jefe del Ejército en una audiencia convocada por la izquierda • "Con menos pruebas que las que hay contra Milani, hay genocidas detenidos; hay un doble estándar de la Justicia”, aseguró

El jefe del Ejército, César Milani, volvió a ser criticado con dureza en el Congreso de la Nación. En el marco de una audiencia pública, Graciela Ledo, la hermana del conscripto por cuya desaparición fue denunciado Milani, aseguró que el militar cuenta con protección política y judicial y reafirmó su pedido para que se lo llame a indagatoria, pese a la resistencia del juez de la causa.

Graciela Ledo expuso ante dirigentes políticos y sociales en el marco de una reunión abierta convocada por los diputados nacionales Néstor Pitrola (Buenos Aires) y Pablo López (Salta), del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), en el Anexo de la Cámara baja.

Allí la hermana del soldado desaparecido en plena dictadura acusó al juez federal Daniel Bejas de seguir órdenes del Gobierno y de aplicar en los hechos la anulada Ley de Obediencia Debida, por haber rechazado un pedido de indagatoria a Milani. En tanto, anunció que presentará un recurso de queja ante la Cámara Federal por la apelación denegada.

"Con menos pruebas que las que hay contra Milani, hay genocidas detenidos. Hay un doble estándar de la Justicia", advirtió y dijo que "hay un solo detenido en la causa de mi hermano y está con prisión domiciliaria. El juez Bejas obstruye el derecho a la verdad".

Por otro lado, Graciela Ledo denunció que es espiada, que su mail está intervenido, que sufre persecuciones y que es entrevistada por falsos periodistas. "Milani está en acción", acusó. Informó también que el jefe del Ejército tiene cuatro causas en La Rioja pero que ninguna tiene asignado un fiscal.

En este marco, la izquierda volvió a pedir la “inmediata destitución” de Milani y anticipó que el 16 de marzo se realizará una marcha en Tucumán para exigir la indagatoria. "Milani es el nuevo Stiusso de los servicios de inteligencia", afirmó Pitrola.

De la audiencia también participaron los diputados Nicolás del Caño (PTS-FIT), Graciela Villata (Fte. Cívico Córdoba) y Norita Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), quien informó de un habeas corpus para pedir la citación a Milani y manifestó su adhesión al reclamo de apertura de los archivos de inteligencia y de las fuerzas armadas sobre el caso Ledo. "El Gobierno debería suspender a Milani y exigir que se presente ante la Justicia", dijo la dirigente social.

El soldado riojano Alberto Agapito Ledo desapareció a sus 20 años el 17 de junio de 1976, en plena dictadura cívico-militar, cuando se encontraba en Tucumán con una compañía del Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja, donde cumplía el servicio militar obligatorio.

El encargado de instruir el sumario por la supuesta deserción de Ledo fue el entonces subteniente Milani. Bajo la sospecha de que se trata de un caso de desaparición forzada, el actual jefe del Ejército fue denunciado por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documentos públicos, informó Parlamentario.

martes, 30 de diciembre de 2014

Las abogadas de Ledo : "No hay margen, Milani debe ser indagado”

Delitos de lesa humanidad : Soldado Ledo desaparecido.
“No hay margen, Milani debe ser indagado”
Tres abogadas que representan a la familia Ledo anticiparon que solicitarán la prisión preventiva del jefe del Ejército Argentino Las letradas vinieron ayer a Tucumán para adherirse al planteo de la fiscalía federal, y solicitaron que se impute al teniente general

VISITA DE TRABAJO. Elisa Reinoso (izquierda), Viviana Reinoso (centro) y Mercado Luna (derecha) recorrieron casi 400 km para hacer su planteo. la gaceta / fOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO

Las tres abogadas de la familia de Alberto Agapito Ledo, el soldado riojano desaparecido durante la última dictadura militar, recorrieron los casi 400 kilómetros que separan a La Rioja de Tucumán con una misión clave: insistir ante el juez federal N° 1 Daniel Bejas para que, como pidió el fiscal federal Carlos Brito, se cite a indagatoria al actual jefe del Ejército Argentino y hombre de confianza de la Presidenta, el teniente general César Milani.

En diálogo con LA GACETA, las letradas Viviana y María Elisa Reinoso (son hermanas) y Adriana Mercado Luna agregaron que, más allá de la “urgente necesidad” de esa medida, correspondería que Milani sea detenido bajo el régimen de prisión preventiva. Según las abogadas, el militar está ejerciendo presiones mediante diferentes vías, utilizando tareas de inteligencia, y aseguraron que hasta recibieron amenazas a las que vinculan con el proceso legal contra el jefe del Ejército.

“Ya son pocas las cuestiones que le restan por resolver al juez. Está el pedido de recusación al fiscal Brito (de parte del defensor oficial de Milani, Adolfo Bertini) y de exclusión probatoria (de un sumario de deserción de Ledo). Luego es el turno del requerimiento fiscal para la citación e imputación. No hay margen, Milani debe ser indagado”, indicó Viviana Reinoso.

La charla se desarrolló en el lobby de un hotel céntrico. Allí, las abogadas detallaron que habían venido a Tucumán para interiorizarse sobre la causa “Ledo”, en la que se investiga la desaparición como un caso de delito de lesa humanidad. El joven soldado, de 20 años, fue uno de los 129 conscriptos que desaparecieron durante la dictadura. Era un estudiante riojano de Historia que fue trasladado a Tucumán y, según las versiones, era cercano a Milani. Desde junio de 1976, Ledo integra la lista de desaparecidos. Según testigos, el riojano habría salido a hacer un recorrido por Monteros junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti, jefe de la Compañía de Ingenieros de Construcciones, y nunca volvió a ser visto.

La semana pasada se supo que el fiscal federal Brito había solicitado al juez federal Bejas la indagatoria de Milani. Según fuentes judiciales, se sospecha que el militar escogido por Cristina Fernández para manejar el Ejército habría intervenido en el caso “Ledo” desde los supuestos roles de encubridor y de falsificador de documentos públicos

Viviana Reinoso manifestó que la familia de la víctima sigue con atención el proceso, y que vino a Tucumán junto a sus colegas para “formalizar un pedido para que el juez federal produzca el acto de indagatoria”. “Lo pedimos con carácter de urgente despacho, aun teniendo en cuenta que en la feria judicial las causas sobre derechos humanos continúan en trámite”, manifestó la letrada. Luego, explicó que Milani les hizo “sentir la presión” de tener que litigar con él. “Le dio la orden a su abogado defensor (Bertini) de que presentara una denuncia por intimidación de testigos, en contra de estas representantes de la querella. Lo que buscan es armar una causa para tratar de hacernos sentir el peso de su cargo, sobre todo en el manejo de la inteligencia”, detalló Viviana Reinoso.

En ese sentido, su hermana y colega, Elisa Reinoso, sostuvo que existe “una reiteración de la conducta procesal” de Milani, a la que consideró “dilatoria”, y remarcó que sus planteos se producen justamente poco antes de que surjan novedades en la causa. “Uno de los casos ya lo denunció el fiscal federal general Gustavo Gómez, quien durante una licencia del fiscal Brito intervino en este proceso. El primer día que recibió el expediente, el abogado Bertini presentó la recusación en contra de Gómez, quien luego fue denunciado ante la Procuración (General de la Nación) por supuestamente haber obstaculizado el proceso. A eso le sumemos la denuncia penal en contra de las representantes de la querella”, enunció la letrada riojana. Detalló que los familiares del soldado, Marcela y Graciela Ledo, denunciaron todos estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que están a la espera de una resolución por parte de ese organismo. “No está garantizado el derecho a la justicia, a la investigación y a la verdad”, agregó.

Elisa Reinoso sostuvo que, “cuando un fiscal con intenciones de investigar toma la causa, de inmediato (la defensa de Milani) plantea la recusación como maniobra para evitar la pesquisa”.

Mercado Luna describió otra supuesta “medida dilatoria”. “Bertini presentó recientemente un escrito solicitando que se excluya como prueba el sumario de deserción, con el argumento infantil de que no existen los originales. Es sabido que toda la documentación que daba cuenta del terrorismo de Estado fue incinerada. Sin embargo, en el expediente existe una copia certificada”, ejemplificó la letrada.

Las abogadas recordaron que, en 2013, la familia Ledo ya había denunciado amenazas. “Ya se ha pasado de la mera inteligencia a los actos concretos de intimidación, tanto para la familia de la víctima como para las representantes de la querella”, añadió Viviana Reinoso.

Relató luego que no han solicitado aún medidas porque consideran que “el cúmulo probatorio” en contra del jefe del Ejército ya consta en el expediente. “Estamos esperando la oportunidad para formalizar el pedido de prisión preventiva, en función del cargo que ocupa Milani, del poder que maneja y de la posibilidad de que siga obstaculizando el accionar de la Justicia”, explicó Viviana Reinoso. Y, coincidiendo con sus colegas, insistió: “lo que corresponde es que se fije la fecha para la indagatoria”.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Graciela Ledo y las denuncias contra Milani: “no hay juez ni fiscal que se anime a hacer lo que tiene que hacer”

(Foto La Bulla)
(Por La Retaguardia) Las causas por delitos de lesa humanidad que involucran al designado jefe del Ejército, César Milani, tanto en Tucumán como en La Rioja están prácticamente paralizadas. No se asignan los fiscales necesarios o directamente se les retiran los expedientes a quienes intentan avanzar. Además, las familias y los abogados querellantes reciben amedrentamientos y llamadas intimidatorias. “Sabemos a quién estamos enfrentando”, aseveró Graciela Ledo al programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Su hermano, Alberto, desapareció en Tucumán mientras hacía el servicio militar. Uno de sus superiores era Milani. Sumamos también las reflexiones de Víctor Basterra.

En total son cuatro las causas en las que está involucrado actualmente César Milani. Sin embargo, ninguna avanza: “en Tucumán, donde está radicada la causa de Alberto, le retiraron el expediente al fiscal subrogante. Estaba subrogando al doctor (Carlos) Brito, y aparentemente tenía intención de producir movimiento en el expediente, tal como se había pedido varias veces la indagatoria del General Milani, pero fue recusado por su defensa, le retiraron el expediente y al mismo tiempo nos enteramos de que Milani denunció penalmente a nuestras abogadas por supuesta intimidación a un testigo”, relató Graciela Ledo, hermana de Alberto Agapito, quien desapareció en 1976 mientras realizaba el servicio militar. En mayo de ese año había sido enviado en comisión desde La Rioja a Tucumán. En ese marco se produjo su desaparición. La única respuesta que recibió su familia fue que el joven había desertado. Uno de sus superiores en ese momento era César Milani

“Esto tiene que ver con una escalada de amedrentamientos y amenazas en la que las víctimas pasamos a ser victimarios; acá él usa y abusa de su fuerza y su poder, y pretende amedrentar a nuestras abogadas para que se retiren de la causa y nos dejen solas”, aseveró Ledo.
Respecto a sus letradas, María Elisa y Viviana Reynoso, Ledo las definió como muy valientes: “esta es la segunda embestida que sufre María Elisa, porque la primera fue cuando la dejaron fuera de la AFSCA (en abril de este año fue cesanteada en la delegación local del organismo que rige la radiodifusión) ella coordinaba la delegación de La Rioja, o sea que esta sería la segunda intimidación que sufre y nosotros hemos sufrido amenazas telefónicas el año pasado, en diciembre, o sea que no sabemos cuál va a ser la próxima, pero no van a poder, porque yo creo que gran parte de la sociedad nos acompaña y acompaña nuestros reclamos y la gente de bien va a estar con nosotros”.

La justicia bajo presión

Para Graciela Ledo estas amenazas y amedrentamientos hacen que la justicia argentina esté condicionada: “no hay juez ni fiscal que se anime a hacer lo que tiene que hacer; es decir están presionados, tienen miedo de perder su cargo, entonces no hacen lo que tienen que hacer. Ante esto, hace pocos días hemos hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hemos recibido la visita de José Schulman, que integra la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos ha traído varias expresiones de solidaridad de otros organismos, y su acompañamiento y solidaridad que nos hace mucha falta. Ya lo hemos dicho muchas veces, no hemos renunciado a nuestra búsqueda y a nuestro deseo de justicia en los peores años que fueron los de la dictadura, menos lo vamos a hacer ahora”.

¿La persona más poderosa del país?

“Nosotros sabemos que a quién estamos enfrentando es la persona quizás con más poder de la Argentina por su condición de jefe del Ejército y jefe de los servicios de inteligencia”, aseguró Ledo en relación a César Milani. “Todo lo que hace es como si nos leyera el pensamiento, las acciones que pensamos realizar, porque tiene aceitados todos los mecanismos –continuó– y creo que está un paso adelante en algunas cosas, no en el aspecto de haber comprado a todos los testigos, alcanzó a comprar uno, que es a quien hemos denunciado por falso testimonio, que es al que supuestamente las abogadas intimidaron, pero los demás testigos, compañeros, ex conscriptos, han dado sus testimonios y es invalorable y tienen todos los elementos que lo incriminan y por los que ya debió haber sido citado”.

Quedarse solas

Ledo además reconoció que la designación de César Milani y las denuncias en su contra es uno de los hechos que ha generado un quiebre profundo en los organismos de derechos humanos: “tanto es así que a mi madre, su sector de Madres de Plaza de Mayo al que perteneció durante más de treinta años, la dejó sola. Ella pertenecía a la línea de Hebe de Bonafini. Pero mi madre no ha terminado con su lucha aunque tenga 84 años, sigue muy firme en la lucha, pero la justicia de este país es muy dependiente, muy endeble y no se impone, tanto es así que tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana con nuestra denuncia. Es la segunda vez que denuncia mi mamá, la primera vez fue en el año 1978 durante el mundial cuando la comisión se hizo presente en Buenos Aires y eran épocas muy duras, y ahora tuvimos que intervenir por segunda vez ante la falta de justicia”.

Zorro Viejo

Así definió Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, a César Milani: “sabe cómo moverse, se ha movido a lo largo del tiempo casi invisibilizado como muchos otros, hasta que salta esta historia, o sea que sabe moverse en ese territorio de oscuridades e incluso de amenazas, y más ahora que es jefe del Ejército, hay muchos tipos que han pasado de esa forma, en otros tiempos, yo me acuerdo de varios marinos que pasaron por esas situaciones y que se movían también con intimidación , con la velada intimidación o a través de interpósitas personas como son las presiones sobre algunos defensores, algunos fiscales, distintas formas y metodologías de neutralización de las denuncias que se hacen, de los avances que se logran. Es previsible, esto lo van a tener que padecer, pero se van a encontrar los mecanismos fundamentalmente a través de la presencia y de la actitud que tengan los distintos luchadores sociales y organismos de derechos humanos para hacer valer la justicia”.
Al ser consultado acerca de por qué el gobierno actual que ha tenido desde sus inicios claras políticas de revisión de lo sucedido con los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, no solo designa a Milani como jefe del Ejército sino que mantiene su postura a pesar de las denuncias existentes en la justicia, Basterra reflexionó: “muchas veces lo atribuyo a las torpezas y a esa mirada de soberbia que envuelve a muchos de los componentes del gobierno. Torpezas porque esto hay que pensarlo en términos estratégicos y solamente han avanzando en lo táctico, y lo táctico les va siendo muy negativo porque se van a seguir cometiendo estos errores, de permitir que un tipo como Milani esté al frente- Además tiene denuncias muy antiguas, de 1979 y 1984, que no son recientes o una cuestión de oportunismo, esto viene de mucho antes. Estoy hay que reverlo sino se entra en un cono que uno podría llamarle complicidad con esta historia, y además muchas veces da lugar a la sospecha de la tan mentada reconciliación que nosotros no aceptamos bajo ningún aspecto”.

Dos Madres

Graciela Ledo habló con Oral y Público desde la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja, al finalizar la marcha que todas las semanas se realiza allí: “todos los jueves marchamos a las 21 porque acá la siesta es muy peligrosa por el sol y el calor –contó–. Son dos madres las que marchan, la señora Luisa de Toledo que tiene 89 años y mi mamá (Marcela Brizuela de Ledo) que tiene 84. Despacito dan una vuelta alrededor de la plaza. Con la compañía de amigos y del grupo de apoyo de Madres que siempre estamos juntos, dándonos fuerza, y Alfredo Olivera que es otra de las víctimas que tiene acá varias denuncias, una desde el año 1979. Y las otras dos desde el año ’84. En una denuncia el secuestro y tortura de su padre, y en otra su detención ilegal por parte de Milani”.

Las causas que Graciela Ledo menciona están asentadas en La Rioja pero no tienen fiscal. En total, Milani acumula cuatro causas que están inmóviles, al igual que la que se encuentra en Tucumán y en la que se investiga la desaparición de Alberto Ledo. En todas ellas, apenas se avanza un paso aparecen presentaciones de distinta índole de parte de los abogados del jefe del Ejército para volver a paralizarlas.
Mientras las dos Madres caminan, la justicia se queda quieta.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Nuevo juicio por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville


Los discípulos del obispo Angelelli

Comienza hoy el juicio al militar retirado Angel Ricardo Pezzetta. Por este hecho ya fueron condenados a perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera.

 Por Ailín Bullentini

El secuestro, las torturas y el asesinato de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que trabajaron como sacerdotes en el pueblo riojano de Chamical durante la última dictadura cívico-militar, volverán a partir de hoy a analizarse frente a la Justicia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja juzgará al militar retirado Angel Ricardo Pezzetta, imputado por la privación ilegítima de la libertad, tormentos aplicados y homicidio de los dos curas sucedidos en julio de 1976.

Pezzetta y Juan Carlos “Bruja” Romero habían quedado afuera del primer juicio que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2012 en torno de las muertes de Murias y Longueville, pero fueron procesados por esos hechos en marzo de 2013. En aquel debate, la Justicia consideró probados los hechos que culminaron en el asesinato de Murias y Longueville, el primer caso fatal en el amedrentamiento y persecución que sufrió el grupo de sacerdotes liderado por el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, desde meses antes del golpe militar. Estableció que un grupo de personas identificadas como policías fueron a buscarlos la noche del 18 de julio de 1976 a la casa de las Hermanas de San José, en Chamical, donde cenaban; que se los llevaron con la excusa de que debían declarar en la sede de la policía en la capital provincial; que, en realidad, los llevaron a la Base Aérea de Chamical, en donde los interrogaron con torturas; que luego los trasladaron, con los ojos vendados, hasta un terraplén cercano a la Ruta provincial 38, en donde los fusilaron, y que allí fueron abandonados.

Inmediatamente después de la muerte de “los curitas” vino la del catequista Wenceslao Pedernera y, unos días más tarde, la del propio Angelelli. Por todo aquello, los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera recibieron prisión perpetua.

La “Bruja” Romero falleció en septiembre de 2013 y, aunque estaba con prisión preventiva, esquivó la condena. Así, Pezzetta quedó como único imputado: se lo acusa de la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio de Murias y Longueville, todos delitos considerados de lesa humanidad. Desde su procesamiento, Pezzetta permanece detenido en Marcos Paz.

La base de la acusación contra Pezzetta es el lugar que ocupó en la cadena de mando militar. Al momento de los hechos, estaba a cargo de la sección de Inteligencia de la Base Aérea de Chamical, por donde pasaron Murias y Longueville. Estrella, que purga dos condenas a perpetua –la correspondiente al secuestro, torturas y muerte de los sacerdotes y la referida al homicidio de Angelelli—, era segundo jefe de esa base. Menéndez, también condenado en ambas causas, era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

“La posición de mando que ejercía Pezzetta implicaba per se que habría tenido dominio sobre una parte fundamental del aparato de poder y, en consecuencia, sobre los hechos a partir de las órdenes que retransmitían y cuyo cumplimiento era de su incumbencia vigilar”, surge del auto de elevación a juicio, emitido en marzo de este año en base a los requerimientos emitidos por la Fiscalía y las querellas, representadas por las secretarías de Derechos Humanos provincial y nacional, y la hermana de Murias, María Cristina. Según ese texto, Pezzetta ocupó una posición jerárquica dentro de la estructura militar que desarrolló los hechos investigados como parte de “objetivos” enmarcados en la “lucha contra la subversión” que, “entre otras formas, en La Rioja se expresó en la modalidad de persecución a individuos pertenecientes o vinculados con la Iglesia Católica”.

El TOF de La Rioja está compuesto por jueces subrogantes: José Asís y Mario Garzón provienen de Córdoba; Juan Carlos Reynaga, de Catamarca. En representación de las secretarías de Derechos Humanos trabajarán Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau. Por María Cristina Murias, querellarán Viviana y María Elisa Reinoso y Adriana Mercado Luna. El fiscal es Daniel Illanes.