Causa judicial por el homicidio de Mons. Angelelli: NO ADMITIMOS NUEVAS TRABAS NI DILACIONES

A pocos días de iniciarse la primera audiencia en el esperado juicio a los asesinos de Mons. Angelelli, una nueva voz de alerta despierta nuestra preocupación como querellantes, ante la amenaza de nuevos obstáculos para que el juicio se desarrolle con normalidad y sin sobresaltos.

Ya hemos tenido que esperar treinta y siete años para llegar a esta instancia. Las demoras en esta larga y lenta marcha de la justicia ya se han llevado a la tumba con impunidad a varios de los imputados y procesados. Desde que la causa fue elevada a juicio en diciembre de 2012 fallecieron Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y en forma más reciente el Comisario Juan Carlos “La Bruja” Romero.

En el tramo del último año debimos sortear las demoras en la conformación definitiva del tribunal que tendrá a su cargo el juicio, debido a la carencia de jueces titulares en el Tribunal Oral Federal de La Rioja. Finalmente quedó constituido con la concurrencia de los jueces Juan Carlos Reynaga, de Catamarca y Carlos Lascano, de Córdoba con la presidencia del juez de La Rioja José Camilo Quiroga Uriburu. Cada impedimento debe soportar la burocracia judicial que se resuelve en las instancias superiores de Buenos Aires. A mediados de este año advertíamos “que los obstáculos reverdecerán ahora para dilatar la sanción penal definitiva mediante maniobras que buscarán la impunidad de los criminales.”

Y no nos equivocamos. Ahora las trabas son puestas por los responsables del Consejo de la Magistratura que deben proporcionar lo necesario para garantizar la concurrencia de testigos y otros requerimientos del proceso judicial. Argumentando escasez de recursos, se pretenden limitar los testimonios de quienes deben ser citados y concurrir para ratificar ante la justicia las pruebas que fundamentan las acusaciones. Nadie desconoce que después de treinta y siete años, así como varios de los imputados no podrán ser juzgados por fallecimiento, de igual modo ha sucedido con numerosos testigos. Pero además muchos de los testigos vivientes están radicados hoy en diversas provincias del país o del extranjero. Y el Estado debe garantizar su concurrencia y protección para que declaren ante el Tribunal.

No dejan de despertar graves sospechas estas nuevas trabas para el normal desarrollo de este juicio. Diversos y poderosos son los intereses que persisten tratando de impedir llegar a la verdad de los hechos; y ahora a la palabra definitiva de la justicia que condenará a los responsables del crimen. La palabra de muchos testigos seguramente pondrá en evidencia la coautoría de civiles que fogonearon la difamación y las amenazas al obispo riojano y su pastoral a favor de los pobres. Y de sectores de la clerecía, que en el furor de la persecución abandonaron a su hermano en el episcopado. Unos y otros fueron beneficiados por el brazo criminal de “las fuerzas de seguridad”.

Parece un despropósito que desde el Consejo de la Magistratura, - donde conviven amigos del olvido y la impunidad -, se argumenten carencias que parecieran excusas para obstaculizar un juicio de honda trascendencia en la vida nacional. Y si no es un despropósito, peor aún porque se estaría ratificando la extendida sospecha que reverdeció cuando se proyectaron reformas judiciales, que despertaron enseguida reacciones corporativas para mantener cotos de privilegios, cuyas consecuencias en la práctica son el retardo y la negación de justicia, como lo estamos avizorando.

Reclamamos a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación las garantías imprescindibles para el normal desarrollo del juicio por el homicidio del Obispo Enrique Angelelli.

Córdoba, 29 de octubre de 2013

Marilé Coseano Angelelli  - Luis Miguel Baronetto

(Querellantes en la causa por el homicidio a Mons. Enrique Angelelli)

Insólitas absoluciones en el segundo juicio en La Rioja

Con condenas y absoluciones

Luciano Menéndez, que recibió una pena de 20 años, tuvo su séptima condena desde la reapertura de las causas. También fueron condenados otros dos represores, mientras que cuatro acusados resultaron absueltos. El fiscal apelará el fallo.

Con tres condenados y cuatro absueltos concluyó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja. El ex general Luciano Menéndez, que siguió el proceso por videoconferencia, cosechó su séptima condena desde la reapertura de las causas. El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército recibió una pena de veinte años de prisión como “jefe de un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas”. A quince años fue sentenciado el ex gendarme Eduardo Britos, que se había fugado al Paraguay para burlar a la Justicia y fue finalmente extraditado. El tercer condenado, a tres años de prisión en suspenso, es el ex gendarme Ricardo Torres Daram, en tanto fueron absueltos “por el beneficio de la duda” los gendarmes Normando Torres, Hernán Pizarro, Cándido Aroca y Jorge García.

El juicio abarcó los casos de siete víctimas, agricultores y docentes oriundos de Famatina y de Campanas, que fueron secuestrados a principios de junio de 1977 y torturadas en el Escuadrón 24 de Gendarmería de Chilecito y en el ex Instituto de Rehabilitación de la capital provincial, antes de ser blanqueados en la cárcel de La Rioja. Se trata de Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario Del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Angel. Todos fueron interrogados sobre sus vínculos con supuestos “subversivos” y por su relación con el entonces obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura.

Igual que en los juicios anteriores, Menéndez hizo uso del derecho a las “últimas palabras” antes de la sentencia. Apuntó a desacreditar a testigos y querellantes, y reivindicó la represión contra quienes “querían imponer un gobierno marxista de izquierda”. El gobierno de Isabel Perón “ordenó a las fuerzas armadas y de seguridad aniquilar la subversión en Tucumán y seis meses después extendió esa obligación a todo el país”, dijo. Las víctimas “eran combatientes que sabían que asumían riesgos”, justificó, y agregó que “no hubo persecución por ideologías políticas”. “Querían imponer un régimen comunista, y nosotros queríamos preservar el régimen democrático”, aseguró antes de que el tribunal diera por finalizadas sus “últimas palabras” porque no se remitía a los hechos del juicio. Britos, a su turno, dijo que cuando sucedieron los hechos por los que fue condenado había sido destinado por Gendarmería a tareas de inteligencia sobre Chile, por el conflicto del canal de Beagle. Torres Daram agradeció a su familia y a su defensa. “Me siento un ilegítimo heredero de figuras delictivas, porque tengo la plena convicción de que no las he cometido”, dijo.

El Tribunal Oral que condujo el proceso estuvo integrado por José Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Karina Perilli. Los fiscales federales Darío Illanes y Horacio Salman habían pedido 25 años de prisión para Menéndez, 23 para Britos, 12 para Torres Daram, 10 para Torres y Pizarro, y ocho para Aroca y García. Por problemas de salud fueron apartados del proceso los acusados Alfredo Vilte y Wilson Manuel Velázquez.

La lectura de la sentencia generó frustración en la mayor parte de las víctimas y militantes que habían colmado la sala y terminaron presenciando el festejo de los absueltos. Junto a las penas de prisión, los magistrados impusieron inhabilitación absoluta perpetua a Menéndez y Britos e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a Torres Daram. Los jueces pidieron la realización de una junta médica para determinar “si (Menéndez) puede ser alojado en una unidad carcelaria”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo viernes.

El fiscal Illanes manifestó que el fallo es “contradictorio” y que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. “Las pruebas eran contundentes para aplicar las condenas pedidas por la fiscalía. Obviamente nos vamos disconformes con el fallo, y prima facie presentaríamos recurso de Casación”, dijo.

El juicio que concluyó ayer es el segundo por la represión ilegal en La Rioja: en el primero se juzgaron los secuestros, las torturas y asesinatos de los sacerdotes de Chamical, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. El tercero comenzará el 4 de noviembre y tratará el asesinato del obispo Angelelli.